El Tribunal Electoral de Quintana Roo aprobó sancionar al presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui, por actos relativos a la difusión de propaganda gubernamental dentro del período de campaña electoral. Sin embargo, en el tema de la propaganda electoral política, determinó que no hay tal cosa.
En el Procedimiento Especial Sancionador (PES/010/2016), se señala que se tiene por acreditada la infracción consistente en la vulneración a los dispositivos constitucionales y legales señalados, que establecen que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales, estatales y municipales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental de los tres órdenes de gobierno.
Los casos de excepción son: cuando se trate de campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, es decir, incendios o fenómenos naturales como huracanes.
Las autoridades darán vista al Ayuntamiento, con copia certificada de tal presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho o determine lo conducente respecto al cauce legal que deba darle al asunto, en relación al citado funcionario público municipal, cita el resolutivo.
Presentó la queja el ciudadano Lenin Amilcar Correa Chulím, quien señaló como autoridad responsable o partes denunciadas al Ayuntamiento de Othón P. Blanco y al ciudadano Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, pero se declaró inexistente aquella donde aduce presuntos actos consistentes en difusión de propaganda gubernamental electoral, política y personalizada a través del Twitter.
Así las se encuentran las cosas en la capital del estado, donde el presidente municipal priísta, uno de los aspirantes a la candidatura a gobernador, será notificado de la determinación de la autoridad electoral sobre que vulneró la veda electoral, la cual inició junto con las campañas electorales de los candidatos a la gubernatura.