SOLIDARIDAD, Quintana Roo.- Inició la consulta pública para que la ciudadanía decida si se mantiene la empresa Aguakan como concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado.

La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, indicó que se actúa de esta manera ante la falta de recursos para devolver a la empresa privada el dinero que entregó al recibir la concesión, y que están desaparecidos.

Desde ayer y hasta hoy, en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, en los bajos del Palacio Municipal, se colocaron las urnas y personal del Ayuntamiento entrega la boleta a los usuarios del servicio de agua potable, para que participen.

Para esto, primero deben presentar el último recibo del servicio y su credencial de elector, para comprobar que son los usuarios titulares del contrato, o usuarios que pagan el servicio en el sitio donde actualmente viven.

Asimismo, Gabriela Alejandra González, titular de la Notaría Pública 82; y Juan Abundio  Martínez Martínez, titular de la Notaría Pública 34, registran los datos de los usuarios, para dar fe de la legalidad de la consulta.

Al respecto, Cristina Torres comentó que “hay personas que rentan y no tienen recibo, así como usuarios del servicio con identificación. Los dos notarios, al término de la jornada, sellan las urnas y se abren al día siguiente (martes), son quienes certifican que los que  vengan son los indicados en la consulta y todo para que sea muy transparente”.

“El miércoles se abren las urnas, se contabiliza lo que la gente conteste, y por la tarde seguro tenemos el resultado. Ellos (los ciudadanos) deciden cuál será el siguiente paso que dé el Ayuntamiento”, ahondó.

En este sentido, dijo que si la ciudadanía acepta que sigan ofreciendo el servicio, se les exigirán algunos puntos que los propios usuarios externen en esta consulta.

En caso contrario, si la gente decide que se les revoque la concesión, “entre más gente venga, más valor probatorio tiene en caso de ir al Tribunal”, destacó.

Torres Gómez explicó que se presentaría la solicitud ante el Tribunal Administrativo para hacer está recisión. “Calculó que llevará año, o año y medio, porque hay que ofrecer pruebas, desahogarlas, recurrir a varias instancias, pero hacerlo de esta manera evitará regresar un ingreso de mil 50 millones de pesos que se recibieron y que no sabemos dónde están”, concluyó.