Piensa mal y acertarás cita el refrán, y en este caso aplica a la perfección. Y es que ha trascendido que cada diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y sus aliados verdes y panales, recibieron 7 millones de pesos cada uno por aprobar distintas reformas la semana pasada.

De otro modo no se explica como ciudadanos quintanarroenses, que se supone radican y continuaran radicando en la entidad, habrían aprobado el nombramiento de tres magistrados, el nuevo Auditor del Estado, el Fiscal y una tremenda deuda que viene a incrementar la ya existente del municipio de Solidaridad.

Que primero eran 4 millones de pesos por diputado, posteriormente cinco y finalmente habría quedado en siete cuentan por ahí.

Dicen también que algunos diputados habrían dudado en hacerlo, pero faltó labor de persuasión de la otra parte para evitar el atraco en despoblado, o más bien en lo oscurito, que hicieron la mayoría de los legisladores.

Ahora bien, siete millones de pesos por diputado es una cantidad exorbitante para un simple mortal, pero no lo es nada para aquellos acostumbrados a manejar grandes sumas de dinero.

Los portafolios negros entre los diputados que controlaron el tejemaneje, dicen algunos, distinguían a los legisladores operadores. Claro que habrá algunos que dirán no recibieron ni un solo peso, pero obviamente ninguna persona en sus cabales creería que decides convertirte en una persona no grata para el pueblo y salir con las manos vacías.

A esa cantidad de dinero se sumarán, en las próximas semanas, otro tanto que pedirán por la aprobación de la cuenta pública del Gobierno del estado y municip ios, sobre todo en aquellos que perdieron las elecciones y temen sean llamados a cuentas por los nuevos gobiernos.

Uno de los ejemplos en el municipio de Solidaridad, donde no conforme con ser el más endeudado del estado, y de los diez más endeudados del país, se aprobó una nueva deuda, por mil 30 millones de pesos.

El gobierno saliente lo que hizo fue convertir en deuda a largo plazo todos los préstamos a corto plazo contraídos  en los últimos años, 870 millones de pesos, puesto que la ley marca que deben cubrir sus adeudos a corto plazo antes de concluir el gobierno.

Lo fácil fue convertirla en deuda bancaria, y de paso lograr casi 200 millones de pesos más que hasta ahora no se sabe en cual bolsillo irán a parar, puesto que no hay obra pública productiva programada para los siguientes meses.