Ciudad de México.- Entre 2012 y 2016, elementos de la Policía Federal incurrieron al menos en 55 casos de tortura en distintas entidades del país, tal como revelan las estadísticas difundidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De esos casos, 31 fueron confirmados a través de 13 recomendaciones emitidas en el pasado por dicho organismo, y los últimos 24 casos están expuestos en la más reciente recomendación por “violaciones graves” publicada por el ombudsman nacional, el pasado 30 de octubre.

A lo largo del sexenio que concluye, señala el estudio de la CNDH, la tortura y los tratos crueles han sido empleados sistemáticamente por la Policía Federal durante sus operaciones, y de ello dan muestra los más recientes reportes anuales de quejas: sólo en el periodo 2015 a 2017 se presentaron 357 denuncias por tortura ante la CNDH, de los cuales, en 85% la autoridad perpetradora señalada por las víctimas fue, precisamente, la Policía Federal.

Según las estadísticas divulgadas por la CNDH, sólo entre 2012 y 2016, contra la Policía Federal se presentaron 171 quejas por tortura, de ellas, 142 corresponden al año 2016.
En 2015 y 2016, de hecho la Policía Federal ocupó el primer lugar entre las autoridades más mencionadas ante la CNDH como probables responsables de tortura.

En los últimos 24 casos de tortura confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 23 de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente, y tres de las personas agredidas fueron menores de edad.

Estos 24 casos fueron perpetrados por elementos de la Policía Federal destacamentados en Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, y Puebla, entidad en donde los abusos se realizaron en complicidad con elementos de la Policía Municipal de Tepeaca.

De esas 24 víctimas, 23 fueron detenidas de forma arbitraria, ya sea porque la Policía Federal las privó de la libertad sin contar con orden judicial, o porque los agentes federales allanaron ilegalmente sus viviendas, para extraerlos por la fuerza.

Tal como señaló, la CNDH, “el hecho de que la tortura en agravio de las (24) víctimas se haya presentado en siete distintas entidades federativas del país de forma reiterada, en un periodo del 2012 al 2016, y que se haya torturado a menores de edad, agrava el hecho que, per sé, es una violación grave a los derechos humanos”.

En todos los casos, además, las personas torturadas sufrieron también de detenciones arbitrarias o retenciones ilegales.

La CNDH destaca también el hecho de que en estos 24 casos de tortura, los elementos de la Policía Federal contaron con la complicidad, o con el encubrimiento, de funcionarios de otros órdenes de gobierno, ya sea policías municipales (como en el caso de Puebla), militares, o de funcionarios judiciales y penitenciarios estatales y federales que no registraron las lesiones que presentaban los detenidos, causadas por la tortura.

“El mayor número de detenciones arbitrarias (…) ocurrió en el estado de Michoacán”, con seis casos, destaca la recomendación de la CNDH, seguido del Estado de México, con tres víctimas, en tanto que Jalisco, Sinaloa, Guerrero y Ciudad de México registraron un caso cada entidad.

En total, señala la CNDH, la Policía Federal incurrió en 14 detenciones arbitrarias, en las que las víctimas fueron detenidas sin orden de aprehensión, y luego torturadas para auto incriminarse.

En nueve de esas detenciones ilegales, los elementos de la Policía Federal se justificaron alegando que actuaron al detectar la comisión flagrante de un delito, pero en todos los casos, la narración de los agentes fue siempre la misma: que los policías federales detectaban vehículos “sospechosos”, con personas en “actitud sospechosa”, a los que se les daba “alcance” y tras una revisión al vehículo y sus tripulantes se les encontraban objetos ilícitos.

En los 24 casos de tortura documentados recientemente por la CNDH participaron, según las investigaciones de este organismo, 65 elementos de la Policía Federal, contra los cuales, el organismo defensor de los derechos humanos anunció que “presentará queja ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF, así como denuncia ante la Procuraduría General de la República”.

Créditos, Animal Político.