PALOMA WONG
GRUPO CANTÓN
CHETUMAL. Sin nada destacable se mantiene el quinto año de Gobierno de Carlos Joaquín González, pues ha incumplido sus promesas a la población principalmente de la zona sur del estado, quien le confió su voto en el 2016.
Durante campaña y en el primer año de gestión del mandatario estatal, refirió que cumpliría con todo lo pendiente que dejaron los 17 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero a cinco años de su gobierno solo ha beneficiado a sus allegados y familiares, además de realizar obras sin beneficio social.
Entre sus desaciertos se encuentra el “jugoso” negocio que hizo a través de la contingencia sanitaria al contratar carpas para la atención de pacientes Covid-19. Lo anterior porque Jorge Brizuela Guevara conocido como “El Venezolano” y su esposa Vanessa Lizeth Vargas Flores, fueron a quienes el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González benefició con contratos directos por más de 254 millones de pesos para la ejecución de carpas Covid en Chetumal y Cancún.
Según consta en el expediente 270/2020 de la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de una denuncia por amenazas en contra de los empresarios Jorge Marzuca, Omar Macías y Víctor Salas.
Cansados de la falta de pago por parte de la pareja de venezolanos, los empresarios solicitaron de nuevo la intervención de la Secretaría de Salud del Estado (SESA), ya que a través de esta dependencia del gobierno, se realizaron los contratos para construir las carpas y equiparlas, pero en lugar de obtener una respuesta positiva, les han dado la espalda y se han vuelto cómplices del fraude cometido por Jorge Brizuela y Vanessa Vargas.
Otro tema que pesa sobre los hombros del Gobierno del mandatario estatal Carlos Joaquín es el fraude mediante el que José María Rejón de la Guerra, cuñado del gobernador se apoderó de un rancho de 37 hectáreas que era propiedad de un anciano maya, afectó a una ciudadana norteamericana quien en el 2017 adquirió una fracción de 400 metros cuadrados y la cual estaba pendiente de escrituración.
La ciudadana N.E.G.M. de doble nacionalidad, mexicana y norteamericana, resultó afectada con la fraudulenta compraventa fraguada por José María Rejón junto con Cecilia Yvett Castillo Parra, en perjuicio del anciano Antonio Manrique Mac, puesto que desde hace algunos años había adquirido una fracción de 400 metros cuadrados dentro del rancho La Caverna, misma que aún no escrituraba, pero en la que había construido una cabaña que visitaba periódicamente con sus dos hijos norteamericanos.
N.E.G.M se enteró por un cuidador de La Caverna que su cabaña había sido ocupada por otras personas y que el rancho había cambiado de dueño, por lo que demandó al señor Antonio Manrique al creer que éste la había defraudado, sin embargo, no tardó en darse cuenta que el anciano había sido víctima, y que él no había realizado la compraventa, por lo que se desistió de sus acciones legales.
Otro rubro del cual no hay avance y cada encrucijada se cae es su campaña de “derrotar de raíz la impunidad” y que el que “la hace la va a pagar”, lo anterior fue orquestado a través de la fiscalía anticorrupción que abrió 856 carpetas penales de investigación, así como procedimientos administrativos de queja y responsabilidades en contra de funcionarios y ex funcionarios.
Sin embargo, los casos denominados de los “peces gordos” ninguno de ellos procedió por la falta de argumentos, ya que las acciones emprendidas por Joaquín González solo fueron cacería de brujas.
Ejemplo de ello, son los seis casos que ha ganado la defensa de los ex funcionarios, entre ellos dos corresponden del ex tesorero Alejandro Marrufo Roldán, el relacionado con la empresa VIPSA-esa, Víctor Loyola, Mario Castro, Mauricio Góngora y Erce Barrón.
Miguel Ángel Torres Fritz, abogado de los ex funcionarios, calificó como una venganza política o cacería a las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado en contra de ex funcionarios de la pasada administración, pues de las diversas carpetas de investigación iniciadas solo una concluyó en sentencia, aunque al final esta quedó sin efecto.
Incluso chetumaleños integrantes del Frente Cívico de Quintana Roo reclamaron la falta de compromiso del gobernador, Carlos Joaquín González de no cumplir con sus promesas de campaña y de contratar a más de cuatro mil funcionarios foráneos en el gabinete estatal, desplazando a la mano de obra local.
Alberto Villanueva Coral, integrante del grupo, dio a conocer que su presencia en el Congreso local se debió a la entrega de una solicitud a los diputados para modificar el artículo 96 de la Constitución Política de Quintana Roo, y exigir la residencia y vecindad como requisito para ocupar cargo público en la entidad.
Lo anterior para acabar con la falta de compromiso de Joaquín González, que pisotea la dignidad de los ciudadanos nativos y los que por largos años se han avecindado aquí, para poner en su lugar a personas sin arraigo en la entidad como funcionarios públicos, que desconocen las necesidades de la entidad, prueba de ello señaló a Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad Pública y Óscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado.