AGENCIA SIM / Grupo Cantón
PLAYA DEL CARMEN.- A pesar de que la ley lo exige desde 2014, hasta la fecha solo cinco municipios de Quintana Roo cuentan con centros de control animal, algunos de los cuales operan con un presupuesto mínimo, y ninguno de los cuales cumple a cabalidad su función de verificar las condiciones de la fauna doméstica en sus demarcaciones.
Lo anterior lo explicó Maritza Basurto, diputada local, quien indicó que los municipios que cumplen con lo que marcan la ley son Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Cozumel y, desde el año pasado, Felipe Carrillo Puerto.
Sin embargo, en el caso del centro de Othón P. Blanco, la diputada aseveró que “siempre está vacío, no les gusta recibir animales, prefieren matarlos, y su presupuesto es de tres mil pesos, una cantidad absurda”.
Estas dependencias debieran hacer la labor de recorrer calles y verificar el estado de los animales, de donde sacarían recaudación para, por ejemplo, mejorar sus instalaciones.
“Es un trabajo que no quieren hacer”, fustigó.
LETRA MUERTA
La legisladora destacó que en Quintana Roo todavía queda mucho por hacer, pero ya se ha hecho mucho, en especial en lo que es la normativa legal, que es más avanzada que en muchos otros estados.
Por desgracia, la diferencia es que otros estados, como Hidalgo, aplican la legislación existente, por escueta que sea, mientras en Quintana Roo, aunque tenga muchas obligaciones detalladas y delitos tipificados, a menudo quedan como “letra muerta”, por la inacción de las autoridades.
Un caso reciente fue el caso de una violación de una yegua en la zona sur, ejemplificó. Ya en Quintana Roo la zoofilia está tipificada como delito; sin embargo, la Policía Estatal, que hizo la detención, permitió que el hombre primero fuera a su casa a vestirse, lo que tomó dos horas, para luego entregarlo ante la Policía Municipal, no la Fiscalía General del Estado.
Los agentes municipales arrestaron a este hombre por falta administrativa y lo dejaron ir, con lo que se perdió la flagrancia.
Ahora la diputada trabaja con la Fiscalía para lograr ubicar a esta persona, que dio dos nombres distintas, para poder aprehenderlo.
El colmo fue que el denunciante de este hecho no pudo hacer su denuncia formal, porque el agente del Ministerio Público le indicó, incorrectamente, que debía presentar a la yegua, y además algún documento que acredite que el animal es de su propiedad, cuando debió proceder por oficio, no con base en alguna querella.