Quintana Roo

Reforma a la Ley Antilavado obliga a empresas a reforzar controles y elevar gastos operativos

Jazmín Ramos / GRUPO CANTÓN

Ante la reforma a la Ley Antilavado, las empresas tendrán que blindarse para evitar transacciones riesgosas, lo que incrementará los costos operativos al contratar asesoría externa para dar cumplimiento a la ordenanza que afectará principalmente a las actividades vulnerables como desarrollos inmobiliarios, agencias de autos y los fideicomisos en zonas restringidas, advirtió Fausto Bañuelos Sánchez, director de Nexum Sau.

Entrevistado luego de presidir la conferencia “Reforma a la Ley Antilavado y su Importancia en el Mundo Empresarial”, dijo que la mayoría de los cambios contra el blanqueamiento de activos entraron en vigor desde el pasado mes de julio; sin embargo, aún hay dudas e incertidumbre en el sector referente de la función del sistema automatizado, las multas y los topes por transacción en efectivo.

Comentó que en sí todas las empresas tienen la obligación de dar cumplimiento a la ley, independiente del rubro que operen, aunque hay unas más vulnerables que otras, de tal suerte que la recomendación es familiarizarse con la ordenanza y solicitar asesoría externa que les permita cumplir con todas las obligaciones impuestas por la autoridad.

Referente a las multas, precisó que principalmente son por incumplimientos administrativos y ejemplificó con los avisos mensuales que tienen que enviar las empresas a la autoridad sobre sus operaciones; si son omisos podrían pagar desde un millón a 12 millones de pesos, depende de cuántos periodos hayan omitido las notificaciones.

Mencionó que, más allá de preocuparse, las empresas deben ocuparse de dar cumplimiento al cuerpo normativo y tomar las medidas necesarias para ajustarse a lo que dicta la ordenanza, la cual no es nueva, sino que se aplica desde el 2013, pero con la reforma se adicionaron más controles, como el tope por transacciones en efectivo que oscila entre los 300 mil y 900 mil pesos, dependiendo del rubro.

Respecto a la compra de bienes inmuebles en zonas costeras o fronterizas por parte de extranjeros que se realizan mediante fideicomisos, indicó que ahí se desconoce cómo se va a aplicar porque falta la publicación de las reglas de carácter general, por lo que se dará de plazo de un año para su aplicación, y así hay varios puntos que se irán sumando conforme lo establezca el marco regulatorio, por ello la importancia de contar con asesorías externas.

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Adri