Carlos Joaquín y Mara Lezama, Demandados! Víctimas del 9N señalan también a la edil y al gobernador como responsables del ataque
Cristina Escudero
Grupo Cantón
Cancún. Javier Sotelo, quien es el abogado defensor de nueve de las 11 personas que sufrieron la represión del “9N” en el Palacio Municipal de Benito Juárez, reveló que tanto el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González como la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, están entre los demandados por las víctimas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El pasado fin de semana, el fiscal Óscar Montes de Oca, dijo que la FGE determinó que son 11 los servidores públicos que serán imputados al haber elementos para estar sujetos a una acción penal por los hechos del “lunes negro”.
Abogado de las víctima indicó que el proceso contra los represores ya inició, ahora van por el gobernador y la presidenta de Benito Juárez.
Al respecto, el abogado Javier Sotelo manifestó que el anuncio hecho por el fiscal es parte del proceso penal, en el que se le entrega al juez la carpeta de investigación para que estudie y resuelva si habrá orden de aprehensión contra ellos.
“Por nuestra parte estamos simplemente de espectadores del trabajo social y somos coadyuvantes. A nosotros nos interesa el proceso administrativo, en la que se lleva al cabo la demanda la indemnización integral, presentada el jueves pasado”, comentó para Pulso AM.
También detalló que en el área administrativa interpusieron demandas contra el gobierno del Estado, el gobernador Carlos Joaquín González y la presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa, a quienes señalan administrativamente responsables de esos hechos, “uno por tener el Mando Único y otra por ser constitucionalmente responsable de las fuerzas de seguridad del municipio, pero será el juez quien determine quién será el responsable de pagar la indemnización integral”, señaló.
Por otro lado, expuso que la Fiscalía integró la carpeta de investigación en la que señala a los mandos por su conducta omisiva, “pues violaron todos los protocolos nacionales de fuerza pública, demostraron falta de capacitación, disciplina y no se vio una fuerza policíaca que proteja los derechos ciudadanos”.
Sobre la acusación de omisión, dijo que, independientemente, de que haya una pena de prisión, habrá sanciones administrativas, el pago de reparación de daños y hasta la inhabilitación para cargos públicos.
El abogado explicó que la responsabilidad de los involucrados será individual y deberán responder por el hecho ilícito cometido por acción u omisión.
Finalmente lamentó la magnitud de los hechos registrado aquel día, ya que “después de escuchar las versiones de los hechos, ya no sabemos qué fue peor, los que estuvieron en un cuarto oscuro dentro del Palacio Municipal a merced delos policías, quienes las golpearon reiteradamente y no sabían si saldrían con vida o los reporteros y el resto de los manifestantes que fueron reprimidos a balazos”.