CANCÚN, Q. ROO.- El artículo 115 constitucional sobre la autonomía de los municipios, otorga a Puerto Morelos la facultad para decidir de manera libre si refrenda o cancela el título de concesión a la empresa Aguakan, aseguró el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Esquiel Orozco.
Sin embargo, el abogado aseguró que en caso de que la empresa decida llevar el caso a tribunales, las autoridades municipales de Puerto Morelos deberán contratar un experto constitucionalista que les garantice poder hacer valer el precepto de autonomía de gestión que se le dio a los municipios desde la reforma constitucional, que otorgó plena facultad para decidir sobre aspectos muy específicos de la vida municipal, como agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, así como seguridad pública y tránsito.
En todo caso, dijo, no hay duda sobre la facultad del municipio en este sentido, pero lo que tendría que dirimirse en tribunales es si procede o no la exigencia de una indemnización, como ya se perfila en Solidaridad.
Indicó que el caso de Puerto Morelos es distinto al de Solidaridad, pues el onceavo municipio está heredando un título de concesión que otorgó el ayuntamiento actual, por lo que serán los tribunales los que deberán determinar si procede en este caso el pago de una indemnización.
Aguakan ha guardado silencio sobre los amagos de dos municipios y la interposición de un amparo en Cancún, que obliga a la empresa a reconectar a un usuario al que por cuatro años consecutivos continuó facturando un servicio que la empresa ya había cortado por una supuesta falta de pago.
Nuevos amparos
Esquiel Orozco recordó que la Barra de Abogados de Quintana Roo alista un amparo colectivo en contra de Aguakan, que buscará que se le cancele el título de concesión dado de manera poco transparente por el anterior gobierno encabezado por Roberto Borge Angulo.
El principal argumento para promover el amparo es que el título de concesión fue concedido para que una empresa privada proporcione el suministro de agua potable en Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres; sin embargo, el agua que llega a las casas de miles de personas en la zona norte del estado simplemente no se puede beber porque no es apta para el consumo humano.
La Barra de Abogados fue la primera que propuso este punto al gobernador Carlos Joaquín González, y éste aceptó llevarla a cabo durante el inicio de su mandato.
Antecedentes de la empresa
Aguakan es el nombre comercial de Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC), que a su vez forma parte de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), actualmente bajo el mando de Jorge Ballesteros Zavala. El grupo incursiona en operación de puertos y carreteras, industria y concesión de agua potable en Quintana Roo.
En 1 de enero de 1994, DHC-Aguakan obtiene la concesión para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. Se nombra a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) como autoridad normativa en materia de agua potable y alcantarillado en el Estado y como representante técnico de los concedentes para todo lo relacionado con las responsabilidades de la concesionaria. (Jesús Vázquez / QUINTANA ROO HOY)