Grupo Cantón
CANCÚN. Ayer se cumplieron cinco meses de la violenta represión policíaca en la Plaza de la Reforma del Ayuntamiento de Benito Juárez, cuando manifestantes en la marcha para exigir justicia por el feminicidio de Alexis, entre ellos, Luis Avilés, Santiago Hernández y Heiby Morales corresponsales de esta casa editorial, en respuesta recibieron una lluvia de balas en la que también resultaron heridos los reporteros Cecilia Solis y Alberto Becerril.
Ante la falta de justicia y la omisión de las autoridades municipales y el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, se realizó una marcha que inició en el Malecón Tajamar y concluyó en la Plaza de la Reforma.
Hasta el momento las autoridades han actuado con total impunidad, pues además de que no han dado respuesta a las demandas de las víctimas, los magistrados no han actuado apegados a derecho, ya que desde hace cuatro meses, los afectados interpusieron una queja administrativa contra el Ayuntamiento y la magistrada de la tercera sala del Tribunal Administrativo en Cancún, Cecilia Isabel González Glenie, no ha querido darle entrada a dicha queja.
Una de las víctimas, la periodista Cecilia Solís acudió a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponerle los hechos y la corrupción con la que ha estado actuando el gobierno del estado, pues hasta la misma Fiscalía General del Estado (FGE) se había negado a girar ordenes de aprehensión y en varias ocasiones se pospuso las audiencias donde los mismos uniformados se reían de las víctimas.
Fue así que se enteró de la situación el presidente de México y le dio instrucciones a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero para que atendiera a Cecilia Solís y en la reunión, la funcionaria se mostró molesta porque aseguró que el gobierno de Quintana Roo le habría proporcionado información errónea sobre el caso, sin embargo, poco se ha avanzado en las investigaciones y en la impartición de justicia.
• Aunque desde hace cuatro meses, los afectados intentaron interponer una queja administrativa contra el Ayuntamiento de Benito Juárez, este aún no ha sido atendido
“Por aquella fatídica noche, 13 personas hemos demandado, entre los lesionados hay tres por arma de fuego, dos de ellos reporteros en el que me incluyo y hay que destacar que hay dos abusadas sexualmente, hasta hoy hay pocos avances a diferencia de otros casos que han sucedido en otros puntos del estado”, indicó en entrevista exclusiva a diario Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón.
Cabe destacar que en la represión policial, más de 50 víctimas, entre ellos periodistas, estudiantes y manifestantes, sufrieron el ataque a balazos sin presentar una herida física y que por temor a represalias del actual gobierno opresor, no presentaron una denuncia formal pero resultaron afectados de manera sicológica por el incidente de acuerdo a testimonios de las víctimas.
Añadió que en el caso del 9N la justicia va lenta, las autoridades están integrando la carpeta penal y el próximo 1 de mayo reiniciarán con el proceso que es cuando se cumple los dos meses de integración de más pruebas tanto para los policías como para las víctimas.
“De la carpeta administrativa han pasado cinco meses y los magistrados no han podido trabajar por la pandemia al no ser una actividad esencial y es motivo para darle largas para darle entrada a esa carpeta que se encuentra en el tribunal administrativo, tal parece que nadie quiere tocar el tema del 9 de noviembre”, comentó la reportera.
Por lo pronto seguirán esperando cuando las autoridades correspondientes tomarán cartas en el asunto, le den celeridad y ver reflejada la justicia, ya que a pesar que hay más señalamientos por el hecho no han sido citados los funcionarios.
En esta ocasión la movilización fue diferente de las otras cuatro que se han realizado, se sumó el Comité de Víctimas que convocó a otras personas que enfrentan problemas de injusticias como es el caso de los desaparecidos y los que han sido despojados de sus domicilios.
Debido a la suspensión de actividades por la pandemia, se espera que el proceso judicial del caso se reanude el próximo 1 de enero
FEMINICIDIOS
Cabe recordar que la manifestación del 9 de noviembre se generó por el brutal feminicidio cometido en contra de una jovencita de nombre Alexis; su cuerpo fue descuartizado y colocado en una bolsa negra, causando una gran indignación por lo que familiares, amigos y grupos feministas protestaron frente a las instalaciones de la FGE y posteriormente se trasladaron a la Plaza de la Reforma donde elementos del Mando único que dependen del secretario de Seguridad Pública del Estado con licencia, Alberto Capella, los recibieron a balazos.
Tres personas fueron lesionadas por armas de fuego, entre ellas dos reporteros, además, los uniformados abusaron sexualmente de varias chicas y muchos manifestantes sufrieron serias lesiones por los golpes que les propinaron los policías.
Los relatos de las víctimas conmocionaron a la sociedad, pero no a las autoridades, pues en el caso de Mara Lezama culpó al Mando Único y el gobernador al secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, Eduardo Santamaría Chávez, quien junto a otros 9 policías fueron vinculados a proceso, pero ninguno ha pisado la cárcel, ya que el juez sólo ordenó prisión preventiva para 10 de los 11 elementos que se encuentran sujetos a investigación.
Entre los implicados por las agresiones está Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública en el estado, y aunque en su momento se dijo que este había sido separado de su cargo, recientemente en una entrevista señaló que aún continúa en su puesto
En este caso tampoco se ha llamado a declarar a Alberto Capella Ibarra, quien supuestamente fue separado de su cargo, pero tras varios meses oculto, regresó a los reflectores el mes pasado para ofrecer entrevistas en algunos medios nacionales en los que aseguró que aún sigue siendo el secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, que participa en las reuniones de seguridad y que sólo se encuentra de licencia.
Estas declaraciones causaron indignación entre las víctimas, ya que consideran que el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, les ha estado mintiendo para proteger a Alberto Capella, quien podría regresar a la secretaría, pues el actual encargado de despacho, Lucio Hernández, no ha sido ratificado como titular de la dependencia.
Cabe recordar que tres corresponsales de esta casa editorial, Heiby Morales, Luis Avilés y Santiago Hernández fueron víctimas de la represión mientras daban cobertura a la manifestación por el feminicidio de Bianca ‘Alexis’