La Procuraduría General de la República (PGR) cumplió órdenes de aprehensión en contra de Tila Patricia “L” y Javier “R”, quienes en su calidad de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR) y del Poder Judicial de Quintana Roo, respectivamente, probablemente iniciaron, instruyeron y determinaron un proceso penal por el supuesto delito de sabotaje en perjuicio de un periodista de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

Los hechos que dieron origen a la integración de una indagatoria en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), se presentaron cuando el periodista tomaba fotografías, grababa video y recababa información de una manifestación pública en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en esa ciudad.

Derivado de lo anterior, el comunicador publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica sobre la atención brindada por las autoridades estatales y municipales a la población maya de dicha comunidad, posteriormente fue detenido y acusado de cometer el delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general y encarcelado por un período de nueve meses aproximadamente.

La investigación señala que Tila Patricia “L”, en su calidad de agente del Ministerio Público de la entonces PGJ, inició una indagatoria sin contar evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del periodista, consignó y solicitó una orden de aprehensión en su contra, como represalia por su actividad periodística.

Por otra parte, la Feadle señaló que presentó elementos suficientes a consideración de un juez federal para determinar que Javier “R”, como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dictó, sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación del periodista en el delito de sabotaje, el auto de formal prisión en su perjuicio, con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión.

Los probables responsables, a quienes se les imputa la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 225, fracción VIII, (hipótesis de al que entorpezca maliciosamente la administración de justicia), del Código Penal Federal, quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere y fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo.

Después de haber dado a conocer en forma crítica la represión que sufrieron habitantes de diversas comunidades de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto por no querer pagar los altos consumos de agua que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) les quería cobrar, el periodista Pedro Canché Herrera fue acusado por la maquinaria borgista de sabotaje.

Luego de recibir, posterior a las publicaciones, varias amenazas, decidió ampararse a fin de evitar ser detenido, ya que sabía que le podrían inventar un expediente y encarcelarlo, por lo que acudió a la organización de periodistas “Artículo 19” y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Pese a esto, fue la mañana del sábado 30 de agosto de 2014 que fue detenido en la gasolinera de Felipe Carrillo Puerto y trasladado a la sede la Subprocuraduría de la Zona Maya, en donde fue encarcelado, debido a que el delito del cual presuntamente se le acusaba era considerado grave y no alcanzaba libertad bajo fianza.

Según el mismo Canché Herrera comentó en su momento, para lograr “ablandarlo” y dejara de hacer señalamientos críticos hacia el gobierno de Borge Angulo, fue golpeado al interior de la cárcel por los demás reos.

Sin embargo, el carácter que ha caracterizado al periodista maya le permitió mantenerse esa línea crítica hacia el gobierno borgista y gracias al revuelo que se armó en torno a su detención, así como con el apoyo de “Artículo 19” y la indagatoria que se levantó en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), logró salir de prisión.

Desde el 30 de agosto en que fue detenido hasta en mayo de 2015, en donde pasaron nueve meses para que Canché Herrera recuperara su libertad, dado que fueron nueve meses de encarcelamiento, dejó en claro que fue un preso político de la administración de Borge Angulo.

Tuvieron que pasar dos años más, después de que fue liberado, para que el gobierno del estado de Quintana Roo le ofreciera disculpas públicas y reconociera el error.