Paloma Wong
Grupo Cantón
Chetumal. El Gobierno de Quintana Roo carece de interés por atender el problema limítrofe entre Campeche y Yucatán, aseveró la diputada federal, Patricia Palma Olvera, al mencionar que no existe una coordinación para atender el bloque del tema y la entidad pueda recuperar las localidades que le pertenecen, pues el conflicto limítrofe lleva más de 20 años sin resolverse.
Desde hace más de 20 años Quintana Roo ha luchado por recuperar los 10 mil 200 kilómetros que mantiene en litigio, principalmente con Campeche, ya que ambos han pugnado por defender las comunidades que se ubican en esa zona en conflicto.
Palma Olvera, refirió que existe una nula coordinación con el Gobierno del Estado lo que lleva a estancar el tema de litigio, pues de acuerdo de los documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe una sentencia en la que se ha omitido su efectividad, puesto que Quintana Roo ha ganado el territorio en litigio.
“Tenemos que coordinarnos con el senado, tenemos que coordinarnos con los gobernadores en turno y en ese sentido la nula coordinación no nos permite avanzar de manera paraje y de manera armoniosa que son importantes”, apuntó.
Indicó que esta falta de información no solo genera que Quintana Roo pierda las comunidades en litigio, sino que también pudiera perder el estado por que tal parece que a las actuales autoridades estatales no les importa atender el tema en mención.
Por lo que incluso, hizo el llamado a la población a unirse en lucha, ya que al alzar la voz de manera unilateral se podrán tener mayores beneficios.
Además dijo que Quintana Roo se encuentra en tercer lugar a nivel peninsular a pesar de ser el estado que genera el mayor número de divisas al Gobierno Federal, prueba de ello es que por años Yucatán siempre ha destacado, posteriormente sigue Campeche y después Quintana Roo.
La legisladora federal dijo que está abierta a escuchar y apoyar no solo las voces del Gobierno del Estado, sino que también de los integrantes del Poder Legislativo Local, para garantizar una mejor legislación para los ciudadanos.
Incluso, el presidente del comité Pro-defensa de los límites de Quintana Roo AC, Reynaldo Blanco Baeza afirmó que los responsables de resolver este problema, se tiran la pelota en la defensa de la controversia institucional de Yucatán contra Quintana Roo y Campeche como tercero interesado y dejan fenecer la lucha limítrofe por que escamotean los recursos para el pago de los trabajadores de cartografía, historia, lingüística y Antropología que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Blanco Baeza también exhortó a la Consejería Jurídica, el Poder Judicial y la Secretaria de Gobierno dejar de usar mapas “mochados” de Quintana Roo, es decir mapas que eliminan la parte en conflicto como que sí Campeche ya tuviera en su poder las localidades en litigio, cuando la realidad es otra. Así como informar de los avances del conflicto limítrofe a la sociedad, ya que esta aun se encuentra en la etapa de peritajes, donde hasta el momento se han presentado por parte del estado la información de antropología, lingüística e historia y únicamente restan por falta de consenso en la Suprema Corte para dictar fechas, y atender los temas periciales de topografía y otra más.
Es de recordar que el abogado Andrés Blanco Cruz, dio a conocer que la defensa de la zona limítrofe en litigio con Campeche, es un acto de simulación por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, ya que de manera negligente e injustificada, no se presenta a las audiencias programadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para el desahogo de pruebas y alegatos dentro del recurso de queja 1/2021-CC derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 226/2019.
Aseguró que a través de la lista de estrados se pudo constatar que la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo no se presentó a la audiencia programada por la SCJN el día 13 de abril, para el desahogo de pruebas y alegatos, esto en razón a que se presentaron fuera de la hora programada. Ante esta situación no hubo una respuesta por parte de la autoridad del estado.
Los propios representantes que luchan por recuperar el territorio, e incluso por la dotación de servicios básicos, coincidieron en que resulta irónico que se ganen amparos por los representantes legales de las comunidades en conflicto para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo los atienda, pero no se puede avanzar en el tema limítrofe; como ejemplo los sucedido en el tema de la dotación de agua en tres comunidades de la zona limítrofe que son Caña Brava, Felipe Ángeles y Guillermo Prieto, donde el Gobierno del Estado de Quintana Roo tendrá que atenderlos.
De este mismo tema incluso con documentos en mano Carlos Pérez flores, presidente del comisariado ejidal de Guillermo Prieto, dio a conocer que las localidades que hoy demandan agua potable fueron registradas en la carpeta básica del territorio desde 1975, en donde se especifica que las localidades pertenecen al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo.
E incluso habitantes de San Antonio Soda, ubicado también en la Zona Limítrofe tuvo que requerir a un amparo para ganar el servicio de agua potable, donde el Juez Primero de Distrito con sede en Chetumal, resolvió la solicitud de amparo que 60 habitantes de esa localidad promovieron a través del expediente 575/2015, donde reclaman se les otorgue el servicio de agua potable, del cual carecen desde hace más de 50 años, cuando fue fundada esa localidad, este servicio lo brindó el Gobierno de Quintana Roo.
Hay una zona llamada Punto PUT, que es donde convergen los tres estados de la Península: Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Mientras que para algunos las siglas hacen referencia al Punto de Unión Territorial (PUT), hay quienes sostienen que esto deriva de un vocablo maya. Pues bien, desde aproximadamente 1996 hay diferencias entre las tres entidades respecto a dónde terminan sus territorios y comienzan los de sus vecinos.
Cada cierto tiempo las diferencias vuelven a surgir, se inician litigios cuyas resoluciones no satisfacen a nadie; con los cambios de autoridades y dependiendo de si los gobernadores de las entidades son o no de los mismos partidos políticos o alianzas las disputas se enfrían o se reactivan.
Cabe resaltar que uno de los problemas más usuales en el Punto PUT es que los habitantes no saben a qué estado pertenecen y por lo mismo desconocen qué autoridades son las que deben responder para brindarles los servicios básicos (drenaje, agua, potable, educación, salud) y dónde realizar sus trámites e incluso quién les debe brindar seguridad.