DATOS
El Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya A.C, fue señalado por aceptar sobornos para ocultar las irregularidades en los contratos de remodelación

El proyecto ha presentado un sinfín de anomalías desde su arranque

NUMERALIA
19 millones 633 mil 559 pesos se desembolsó para el Parque Fundadores, otra obra que permanece sin avances

Cristina Escudero
Grupo Cantón

Playa del Carmen. Directamente a la Presidencia de la República, el activista Antonio Ramos Pérez, en representación de miles de ciudadanos del municipio de Solidaridad, entregó la denuncia con evidencias y datos de todo lo que ha investigado en torno a las acciones fraudulentas de Laura Beristain Navarrete quien tiene a ese destino hundido en la desgracia, sin más obras públicas que su polémica remodelación de la Quinta Avenida y por la que esta semana cayó la primera cabeza, ya que el Comité de Honor y Justicia del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya A.C, separó del cargo a su presidenta Sugeiry Prieto Torres, quien avaló esa obra en la que intervienen empresas sin domicilio fiscal y que tienen como socios a amigos de la edil.

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comprometido con dar atención a todas las peticiones, propuestas o denuncias que le presenten los ciudadanos, me ha encomendado de acuerdo a lo establecido en el Artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, recibir su solicitud y gestionar una respuesta”, reza parte del documento firmado por Leticia Ramírez Amaya, directora general de Atención Ciudadana.
Antonio Ramos Pérez, dijo en entrevista para Quintana Roo Hoy, que la remodelación de la Quinta Avenida es una “reverenda burla hacia los empresarios y para los ciudadanos de Playa del Carmen, porque ahí es la espina dorsal de todos los empleos”, explicó.
Esa obra -dijo- está plagada de irregularidades de principio a fin, ya que en ella intervienen cuatro empresas que utilizan domicilios fiscales inexistentes como el caso de Constructora Diqsa, en la que aparece como dueño Adrián Quiroz quien evidentemente es amigo de la presidenta municipal, ya que ambos son originarios de Tizimín, Yucatán.
Cabe mencionar que la Constructora Diqsa fue catalogada en 2019 por el SAT como empresa fantasma por encajar en el artículo 69-A del Código Fiscal Federal, que considera que la empresa no cuenta con los recursos humanos ni materiales como para facturar obras de alto valor.
Además, Adrián Quiroz maneja otra empresa, registrada como Constructora Caqo, la cual ha participado en otras obras públicas del Ayuntamiento, utilizando también domicilios fiscales en Quintana Roo que simplemente no existen.

También mencionó la participación de la empresa Xoanxum que al igual que las anteriores no cuenta con domicilio fiscal en la entidad y lo peor es que le robaron la identidad a un señor de casi 87 años de edad que vive en la extrema pobreza y a quien pusieron como socio de la compañía; sobre este caso hay una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), que a todas luces trabaja en complicidad con la alcaldesa, ya que Antonio Ramos Pérez ha ido a verificar los avances de la investigación y sencillamente no hay ninguno.
“Considero que la falta de avances en la investigación es por la complicidad de las autoridades municipales, y la Fiscalía, además existe interés del gobierno estatal para frenar la investigación, para no continuar con este asunto y esperar a que se finiquite la obra y ya no se pueda hacer nada”, indicó.
En la estela de corrupción que encabeza la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete y que ha sido documentada no sólo por Antonio Ramos, sino por abogados y representantes de diversas asociaciones civiles como “Somos Tus Ojos” por la Transparencia en Quintana Roo, se dan a conocer nombres de empresas en las que aparecen como socios, todos ellos originarios de Yucatán de donde es nativo el gobernador del estado, Carlos Joaquín González y la alcaldesa.

Tal es el caso de los hermanos Mauricio y Alejandrina Morales Greene, socios de la Inmobiliaria Cumbres de Yucatán, que “ganó” la licitación por la construcción del Parque Fundadores y por el cual firmó el pasado 30 de diciembre de 2019 el contrato MSOL-DGIDUMAyCC-059-2019 con un monto de 19 millones 633 mil 559.95 pesos, pero esta obra no ha mostrado avances y le falta un 60% para que concluya, sin embargo, también le adjudicaron hace una semana a esta empresa yucateca la tercera etapa de la remodelación de la Quinta Avenida.
Antonio Ramos dijo confiar en que desde la presidencia de la República exista un seguimiento a las denuncias en contra de la presidenta municipal de Playa del Carmen, ya que éstas son vinculatorias y “seguramente el asunto será enviado a la Fiscalía General de la República”.

DESTITUCIÓN
El tiempo le dio la razón a Antonio Ramos, quien en varias ocasiones denunció que el silencio del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya A.C, había sido comprado con un contrato que benefició a gente allegada a la presidenta de esta asociación, Sugeiry Prieto Torres, a quien finalmente le aplicaron el Código de Ética para Arquitectos y fue inhabilitada por 2 años para ejercer como DRO (Director Responsable de Obra).
Al respecto, Antonio Ramos dio a conocer que la complicidad del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, inició desde el año 2019 cuando el Ayuntamiento de Solidaridad les dio la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la remodelación de la Quinta Avenida y del parque Fundadores en el que participaron Studio 370 Arquitectos, así como la Constructora y Concentradora del Caribe, en el que participó Pablo Flores Aragón, quien es hermano del que fuera esposo de Sugeiry Prieto Torres.
El contrato fue firmado el 14 de julio y debió ser terminado el 14 de septiembre de 2019, sin embargo se llevó más tiempo, ya que en el mes de noviembre Flores Aragón publicó en sus redes sociales que agradecía al Colegio de Arquitectos por todo el apoyo recibido “durante un año” para participar en la obra, lo cual significa que la ahora expresidenta de los arquitectos de la Riviera Maya mintió con respecto a que no tenía conocimiento de lo que pretendía realizar y sin consulta ciudadana la alcaldesa Laura Beristain.
Antonio Ramos solicitó en su momento los planos del drenaje y líneas eléctricas de la remodelación y ahí se dio cuenta que era un mal proyecto, ya que se utilizaría mucho cemento, bancas sin respaldo, entre otros detalles, por lo que pidió la intervención del Colegio de Arquitectos para realizaran una evaluación de dicha obra, pero en lugar de eso, dieron el visto bueno al proyecto.

También le informaron a Prieto Torres sobre la participación de Pablo Hilario Alcocer Góngora, quien es vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) y a su vez, es apoderado legal de Constructora y Concentradora del Caribe, S.A de C.V, que fue beneficiada con un contrato por tres millones 991 mil 792 pesos para realizar la “elaboración de proyecto integral ejecutivo para la Quinta Avenida”.
Luego de presentar muchas evidencias sobre la mala calidad de la obra y la participación de empresas sin domicilio fiscal, Sugeiry Prieto fue “obligada” en el mes de mayo de este año a emitir una declaración en la que dijo que el Colegio de Arquitectos se oponía a la obra, sin embargo cinco meses después fue separada de su cargo.