CHETUMAL, Q. Roo.- El secretario de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, reconoció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría solicitar a la entidad la devolución de 3 mil 600 millones de pesos, los cuales se encuentran observados por su presunta mala aplicación en el ejercicio fiscal del 2014.
En entrevista con el periódico El Universal este lunes, posterior a la conferencia de prensa donde anunció la venta irregular de predios estatales a amigos y familiares del ex gobernador Roberto Borge Angulo, Del Pozo Dergal dijo que existe la posibilidad de que esos recursos se tengan que devolver, “pero eso no quiere decir que los vamos a regresar, porque nuestra responsabilidad es cuidar ese dinero”.
“Tengo que ver si se aplicó el recurso y comprobarlo, o si sólo se integró mal un expediente, lo que haría una gran diferencia”, explicó y dijo que al menos otros 700 millones de pesos fueron observados también por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Señaló que la ASF revisó la aplicación de recursos federales, encontrando algunas irregularidades como el incumplimiento de las reglas de operación o no se acreditó que existan obras que respalden el gasto hecho.
Esto implica, manifestó, la obligación de reponer el dinero a la Federación si se aplicó mal, “aunque evidentemente existe el derecho de solventar y defenderte”.
Si la Auditoría no da por solventado el tema, se inicia un procedimiento de responsabilidad ante las irregularidades y te requiere el reintegro del dinero”, detalló.
Los 3 mil 600 millones de pesos apenas responden al ejercicio del 2014, porque existe un “retraso” por parte de la ASF en cuanto a la revisión y resultados de auditorías del ejercicio fiscal 2015 y el 2016 está por concluir.
“Si la Federación determina que no se logró acreditar la aplicación del recurso como lo establece el programa, puede pedirte el reintegro del dinero y tienes que regresar la ‘lana’, más los intereses, lo que implica un daño patrimonial, porque el estado no tiene por qué pagar esos excedentes”, afirmó.
Y añadió: “Una cosa es regresar el dinero que no se aplicó, que no se acreditó haber aplicado y otra que además se tengan que pagar los intereses. Eso lo debe hacer el servidor público”, expresó.
“Lo que hemos encontrado habla de un desaseo y de un desorden; de un desprecio terrible por las cosas públicas”, comentó.
Hasta el 6 de noviembre, dijo Del Pozo Dergal, se encontraban en proceso 25 auditorías a los Órganos Internos de Control de las dependencias y organismos descentralizados del gobierno de Quintana Roo.
No al revanchismo político, si a la ley: King
El dirigente estatal del PRI, Raymundo King, precisó que la ley debe aplicarse como un instrumento que brinde certeza a los ciudadanos, no como un instrumento para satisfacer revanchismos políticos.
“El PRI reitera que las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes, que se actúe de acuerdo y con apego a la Ley, eso sí, sin sesgos partidistas ni revanchismos políticos”, declaró King. (Redacción / QUINTANA ROO HOY)