Chetumal, Quintana Roo. – La XVI Legislatura inició la ronda de comparecencias de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, con la presencia de Rafael del Pozo Dergal secretario de la Contraloría del Estado ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, donde diputadas y diputados hicieron cuestionamientos en torno a los resultados de la política de combate a la corrupción de la actual administración gubernamental.
La diputada Tepy Gutiérrez Valasis, presidenta de dicha comisión aseguró que desde la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha puesto mucho énfasis en el combate a la corrupción, por lo que Quintana Roo no puede estar ajeno de esta política que afecta a los gobiernos.
Gutiérrez Valasis consideró que el combate a la corrupción debe ser integral y en todo momento, para no dejar espacio a que situaciones de urgencia y reacción inmediata, como los que devienen de desastres naturales, huracanes y recientemente las emergencias sanitarias, otorguen campo abierto a quienes toman las decisiones económicas para, muchas veces, desviar recursos públicos.
En la comparecencia estuvieron presentes las diputadas Judith Rodríguez Villanueva, Linda Cobos Castro y Reyna Durán Ovando, así como los diputados Gustavo Miranda García, Eduardo Martínez Arcila, Hernán Villatoro Barrios, Edgar Gasca Arceo, Pedro Pérez Días y Alberto Batún Chulim.
En su exposición, el contralor estatal Rafael del Pozo Dergal dio a conocer que Quintana Roo se encuentra en el octavo lugar del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas.
Al ser cuestionado sobre los recursos que el estado destina para atender la pandemia del COVID, dijo que todo se está transparentando y que no se dejará de hacerlo hasta que no pase la emergencia.
El diputado Roberto Erales Jiménez, del grupo legislativo del PT cuestionó a Del Pozo Dergal sobre los resultados de la política de “el que la hace la paga”, y su opinión sobre lo que el legislador considera como la apresurada desaparición de la Oficialía Mayor.
En este sentido, el contralor del Estado aseguró que la dependencia que encabeza se ha encargado de iniciar las denuncias a las autoridades correspondientes, pero se tratan de procedimientos que llevan tiempo, por lo que es un tema que el Estado mexicano debe trabajar para agilizar la impartición de justicia. Sobre el caso de la Oficialía Mayor, consideró que ésta no ha desaparecido, sino que se encuentra en un proceso de revisión para determinar su situación.
Por su parte, el diputado Hernán Villatoro Barrios preguntó si se llevó a cabo una auditoría integral en el cambio del titular de la SEFIPLAN, a lo que el funcionario estatal respondió que el proceso de responsabilidad administrativa no concluye con el término del cargo, ya que se hacen las observaciones correspondientes y se sigue su proceso.
El diputado Armando Batún Chulim, del grupo legislativo de MORENA, solicitó más información respecto a la revisión de la obra pública del Gobierno del Estado.
En otros datos mencionados en la comparecencia del Contralor estatal, se expuso que de julio 2019 a junio de 2020, se auditó un monto de 1 mil 798 millones 732 mil 234 pesos, realizándose para ello 22 auditorías y revisiones, 91 obras públicas y 195 acciones y adquisiciones.
En lo que va de la presente administración, de acuerdo a la información proporcionada a los legisladores, se han realizado acciones para la atención de los montos observados al Estado, teniéndose actualmente un monto por solventar ante la Secretaría de la Función Pública de 608.3 millones de pesos, de los cuales existe un monto de 487.72 millones de pesos pendiente por dictaminar para solventación que, en caso de resultar procedente el dictamen, quedaría únicamente un monto por solventar de 120.58 millones de pesos.