Julián Puente
CHETUMAL, Q. Roo
La coordinadora nacional del Programa Prospera, Paula Hernández Olmos, reveló que en Quintana Roo existen más de medio millón de personas que viven en pobreza.
Tras concluir la reunión entre funcionarios federales, estatales y municipales para conocer las principales carencias sociales que hay en Quintana Roo, Hernández Olmos informó que en agosto próximo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) iniciará con la evaluación de los programas aplicados por el gobierno federal en las entidades del país para medir los niveles de pobreza.
De acuerdo a las últimas estadísticas, Quintana Roo no figura dentro de las entidades con mayor problemática, sin embargo en el estado existen 552 mil 564 personas con alguna situación de pobreza. En el 2012 en la entidad habían 122 mil 160 personas con pobreza extrema, cifra que se redujo en 2014 a 107 mil 564.
La funcionaria detalló que para determinar y medir el tipo de pobreza se toma como base una línea de bienestar, que integra los seis satisfactores básicos, entre ellos la alimentación, educación, seguridad social, salud, acceso a la vivienda y servicios a la vivienda.
Imparable crecimiento de casas de empeño
Debido a la situación de pobreza del estado, es más común encontrar casas de empeño en cada esquina y colonia de esta ciudad, que farmacia o papelería inclusive rebasando a los minisúper; esta nueva modalidad de negocio se ha incrementado desde hace un par de años a la fecha sin que exista una vigilancia real en la apertura y operatividad de dichos establecimientos.
En la legislatura pasada el ex diputado local y presidente de la Comisión de Comercio en el congreso local, Gustavo García Bradley, presentó una iniciativa de ley para regulación de las casa de empeño, logrando sólo que este tipo de negocios paguen impuesto de manera anual.
Para el especialista en economía, Eder González, una de las principales irregularidades que se detectan en las casas de empeño es que no tenían contrato de adhesión registrado ante la Profeco, o bien utilizan en las transacciones comerciales un contrato diferente al registrado sin indicar plazos, términos y condiciones del empeño, ni el costo anual total (CAT) de los intereses.