CHETUMAL, Q.Roo.- Desde 1992 se decretó una ley que obliga a las empresas a incluir en su plantilla laboral a por lo menos el 5% de discapacitados, pero no es acatada.

Y eso que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece estímulos fiscales a quienes incluyan a este sector entre su personal.
El presidente de la Unificación Integral Quintanarroense (UIQ), Cristian Muñoz Castillo, acusó que lo anterior fomenta la discriminación hacia los discapacitados.

Aquellos pocos que logran un empleo, pese a su potencial, son subutilizados o desarrollan actividades poco calificadas, y es que esta situación atañe a la administración pública.

En Quintana Roo existen aproximadamente 110 mil personas con discapacidad, de las cuales, si al caso el 8% tiene algún empleo.
“Tenemos gente con discapacidad que es licenciada o ingeniera, que están siendo ocupados como “saca copias” o para ir por el ‘chesco’, por el mandado, ese no es el caso”, denunció.

Acusó que eso fomenta la discriminación hacia este tipo de personas, y por ende, no se logra la inclusión. (Herlindo Vázquez/QUINTANA ROO HOY)