CHETUMAL, Q.Roo.- La secretaria del Trabajo en Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, reveló que ha recibido amenazas luego de las investigaciones y denuncias interpuestas por los despojos de predios, departamentos de lujo y hoteles que se operaron desde las juntas locales de conciliación y arbitraje durante el sexenio del exgobernador Roberto Borge Angulo.
La funcionaria presidió ayer lunes la firma de un convenio de contratación exprés con empresas locales custodiada por escoltas armados luego de que solicitó al gobernador Carlos Joaquín garantías de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.
“Está en riesgo mi integridad personal. Me dicen que debido a mis declaraciones van a ir en contra de mí, que yo me cuide. Dicen que estoy haciendo lo que no debo de hacer, pero yo estoy haciendo mi trabajo de acuerdo a las instrucciones de que no habrá impunidad en este gobierno”, dijo.
Cabe recordar que el 10 de diciembre de 2016, Portillo Navarro dio a conocer la interposición de cinco denuncias penales en contra de ex titulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Cancún y Playa del Carmen por el despojo de departamentos de lujo, predios de alta plusvalía y cuentas bancarias a personas físicas así como empresas nacionales y extranjeras.
Se logró documentar que los que funcionarios de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje en Tulum, Playa del Carmen y Cancún ejecutaron procedimientos de embargo de diversos inmuebles a favor de “trabajadores” que aseguraban haber sido empleados de los dueños de dichas inmuebles, con sueldos de hasta 753,234 pesos mensuales. La demanda por despido injustificado derivaba en el embargo del inmueble.
Represalias
Por lo menos ocho empresarios se han amparado ante estos actos anticonstitucionales, aseguró Portillo Navarro, pues el modus operandi de estos despojos apuntaba siempre a zonas de alta plusvalía en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum.
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En total la Secretaría estatal del Trabajo detectó 15 juicios laborales apócrifos que realizaron los titulares de las juntas de conciliación y arbitraje 1, 2 y 3 de Cancún y la de Playa del Carmen. Portillo Navarro dijo que al menos dos de esos casos están por recibir la ejecutoria de un juez para que sean devueltos los bienes a sus dueños originales, luego de que se aportaran pruebas contundentes como la inexistencia de los supuestos trabajadores, pues las credenciales electorales que presentaron como identificación oficial eran falsas.
Adelantó que se preparan 10 denuncias más por casos similares, en los que hay más involucrados aparte de los extitulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues éstos se sirvieron de personas ajenas a la Secretaría del Trabajo para hacerlas pasar por los “trabajadores” que promovían los juicios laborales, involucrando además a secretarios de acuerdos y secretarios generales, que abusaron de la fe pública y participaron en la simulación y los despojos.
Dijo desconocer la procedencia de las amenazas, pero los hechos ya son del conocimiento del gobernador Carlos Joaquín, quien le asignó escoltas y ordenó una investigación. (Jesús Vázquez/Quintana Roo Hoy)