Grupo Cantón
CANCÚN. Limpio y sin culpas terminó el ciclo de Alberto Capella Ibarra como titular de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, ya que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), que preside Marco Antonio Tóh Euán, sólo emitió una recomendación (20/2020) en contra de la Presidencia Municipal de Benito Juárez en torno a los hechos ocurridos el pasado 9 de noviembre durante la manifestación para exigir justicia por el feminicidio de la joven “Alexis”, cuando se sabe que en el Estado existe Mando Único y que el único responsable es la Secretaría Estatal.
Marco Antonio Toh Euán, titular de la Cdheqroo, solo emitió una recomendación ante el abuso de autoridad que sufrieron las personas.
Con esto queda en evidencia que existe línea y complicidad del gobernador del estado, Carlos Joaquín González y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ya que al existir Mando Único, la responsabilidad de los hechos es de la secretaría estatal de Seguridad Pública e incluso, existe evidencia de que elementos policíacos al mando en ese entonces de Capella, estuvieron en el momento de la represión en la que dispararon con armas de grueso calibre en contra de los manifestantes.
Cabe señalar que la queja iniciada de oficio VG/BJ/391/11/2020 por parte de la Cdheqroo, queda mucho a deber a los familiares de las víctimas, pues en primer lugar existe Mando Único y el responsable sería el gobierno del Estado y no el municipal que depende en materia de seguridad al Estado y la recomendación sería para la administración que encabeza Joaquín González.
De acuerdo a la información que dio a conocer el Consejo, “en respuesta, y contrario a la normatividad de la materia y a los protocolos de actuación, el entonces Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, al mando de la Policía Quintana Roo, ordenó dispersar la manifestación con uso de armas letales. Durante la represión, las corporaciones policiales hirieron con arma de fuego a un reportero, a una reportera y a una ciudadana que participaban en la marcha. También amenazaron y golpearon a un gran número de participantes civiles, activistas y prensa, realizando un uso ilegal y desproporcionado de la fuerza que provocó lesiones a las personas y daños a sus propiedades. Así como detenciones ilegales y arbitrarias de los agentes de la Policía Q. Roo”.
Es preciso mencionar que la Comisión de Derechos Humanos de Q. Roo, informó que la recomendación hecha al Ayuntamiento de Benito Juárez, tiene un plazo de cinco días hábiles para que la autoridad informe la respuesta de aceptación o no aceptación, y posteriormente, en caso de haber sido aceptada, enviar las pruebas iniciales de cumplimiento.