Jazmín Ramos
CANCÚN, Q. Roo
Quintana Roo concluirá el 30 de abril la aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en todo el estado, con el cual se busca sentar las bases para combatir la impunidad, ineficacia y corrupción en la impartición de justicia, con ello se suma a las ocho entidades del país que dieron entrada a la reforma constitucional en materia penal establecida en el 2008.
Según un boletín publicado en el Poder Judicial de Quintana Roo (http://www.tsjqroo.gob.mx/) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis Aguilar Morales, aseguró que con las adecuaciones a la ordenanza, se transforma radicalmente la justicia penal en el país, a fin de darle transparencia.
Además, mediante este sistema, los juzgados deberán defender los derechos de todos los mexicanos, de modo que le corresponde a los jueces y magistrados hacer valer la independencia e imparcialidad en todas sus resoluciones.
Actualmente, de manera formal operan nueve centros de justicia federal en las entidades de: Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Tabasco y Quintana Roo.
Para migrar a esta disposición legal todo el personal en materia de impartición de justicia en el estado ha sido capacitado, de esta forma se busca la profesionalización, el recurso humano para poder asumir el reto que implica regirse bajo un nuevo sistema penal.
Pare ello, en los meses previos a la transición se establecieron acciones de colaboración con las corporaciones policíacas de la entidad, dado que para poder lograr las expectativas de esta disposición, todas las instancias relacionadas a la impartición de justicias, tienen que adaptarse a la reforma.
También, se conformaron unidades administrativas, las cuales serán el vínculo con la ciudadanía, mediante las áreas de atención temprana e integral, justicia alternativa penal, apoyo a víctimas u ofendidos del delito, además de las unidades de investigación con detenidos y especializados.
Los módulos operarán bajo esta nueva disposición de gestión, a fin de tener una mejor atención a la ciudadanía, lo que permitirá agilizar la integración de expedientes y otorgar medios alternos de solución de conflictos a través de la mediación y la conciliación para establecer la reaparición del daño de forma pronta y expedita.
Se espera que la migración total a este sistema concluya el 30 abril, al integrarse los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.
Al respecto el presidente del Colegio de Abogados Postulantes en Cancún, Carlos Grajales, dijo que con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia penal se espera una mejora en la impartición de justicia, dado que habrá una mayor certeza jurídica y una mayor apertura durante el proceso del juicio y reparación del daño.
Mencionó que, lamentablemente con la aplicación de esta disposición legal no terminarán con los rezagos que se tienen en los procesos actuales, en virtud de que esto no aplica de manera retroactiva; es decir, los asuntos en cursos serán tratados a través del sistema antiguo.
“De que se tendrá un beneficio en la impartición de justicia a partir que entre en vigor la reforma, de eso no hay la menor duda, pero todo dependerá de quiénes apliquen estos nuevos lineamientos, pues la impunidad y corrupción no es cuestión de tema penal, sino de quién las ejerce, pues el sistema en si no falla, el sistema ha sido probado en varios estados y ha dado resultados”.
Mencionó que, el que haya una mayor apertura en la negociación durante los procesos y que se dé entrada a los juicios orales da una mayor transparencia y permitirá que se acorten los tiempos en la impartición de justicia.
Por su parte, el abogado Alejandro Betancourt, argumentó que al entrar en vigor la disposición legal en Quintana Roo, la cual será efectiva en Cancún el 30 de abril, se abre la posibilidad de una mejora sustancial en la impartición de justicia, la cual sin duda alguna será de gran beneficio para el bien de la ciudadanía
“La modernización del sistema judicial nos ha alcanzado, esperamos que eso sea para bien de toda la ciudadanía, por lo que respecta a la procuración de justicia he podido observar que ha habido un gran avance en cuanto a capacitación; seguro habrá algunos errores normales, que se irán subsanado en el camino”.
Recalcó que, es normal que al aplicarse una nueva disposición se tengan errores, los cuales “deseamos” que no afecte la impartición de justicia y que se agilicen los trámites para la atención a la ciudadanía.
Mencionó que, el hecho de que sea un sistema más abierto, se tendrá una mayor certeza jurídica, para ello los abogados deben procurar no caer en la corrupción y menos fomentarla.