CANCÚN,Q.Roo.-El director general de Uber en México, Federico Ranero, estuvo en Cancún para confirmar que no se irán de la ciudad a pesar de los más de 100 millones de pesos que han pagado en multas, ya que están a la espera de que el Gobierno del Estado emita una regulación “incluyente”, que permita al usuario decidir el método de transporte que prefiera, pero también que los exima de tener que tramitar una concesión de transporte público como hoy lo exige la ley estatal de transporte.
El gobierno estatal trabaja actualmente en una reforma a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías Carreteras de Quintana Roo que, a decir del actual secretario estatal de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Manica, sí incluye la regulación de nuevas plataformas digitales para la prestación de transporte, pero bajo el esquema de concesión pública otorgada por el gobierno del estado, muy similar a como ya funciona actualmente.
Federico Ranero aseguró que ese esquema de concesiones públicas no aplica para Uber, ya que esta plataforma es un sistema de transportación entre particulares.
“Somos una plataforma que facilita un acuerdo entre particulares con coches privados, por lo tanto buscamos una regulación ‘incluyente’ que entienda este negocio, tal como ya la tenemos en otras ciudades del mundo, y que sabemos que vamos a lograrla en Cancún”, insistió.
“Estamos comprometidos con Cancún. Nos quedamos, tenemos el compromiso de seguir ofreciendo una opción de movilidad segura, eficiente y accesible que nos piden las más de 63 mil personas que han firmado la petición para que Uber se quede en la ciudad”, añadió el directivo.
En tan sólo 8 meses de su llegada a Cancún, la empresa ha dado más de 144 mil servicios, de los cuales 29% ha sido para cancunenses; 52%, para turistas nacionales; y 19%, para extranjeros, además de que en ese lapso se han convertido en una fuente de ingresos para 2 mil 200 familias a través del autoempleo que ofrece la plataforma.
Sin embargo, Federico Ranero indicó que en ese mismo tiempo más de mil 890 autos han sido detenidos por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), por lo cual se han interpuesto 69 denuncias penales de ciudadanos víctimas de agresiones, además de 3 denuncias presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, sin contar con los 109 millones de pesos que han pagado en multas por operar sin concesión de transporte público en Cancún.
HERENCIA DE BORGE
Desde el pasado 22 de julio de 2015, el entonces gobierno de Roberto Borge Angulo hizo una adición al artículo 31 bis de la Ley de Tránsito y Transporte y Explotación de Vías Carreteras en Quintana Roo, el cual regula desde entonces el uso de nuevas tecnologías para brindar el servicio público de autotransporte, “estableciendo el marco jurídico necesario para evitar irregularidades”, según dice el dictamen de la reforma ya aprobada.
Es decir, dicha reforma incluye dentro de la observancia de la ley la prestación del servicio de autotransporte mediante el uso de aplicaciones digitales, en clara referencia a servicios como Uber o Cabify. (Jesús Vázquez/QUINTANA ROO HOY)