Alejandro García Chávez
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) señala que las reformas al Código Civil de Quintana Roo contravienen los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 16 º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vulnerando los derechos de las personas que viven con VIH, para quienes puede convertirse en una barrera si desean contraer matrimonio; recordando que, en México, las personas que viven con este padecimiento cuentan con tratamiento efectivo, seguro y gratuito.
Por ello hace un llamado a las instituciones y a los gobiernos estatales para contribuir en el avance en materia de derechos humanos de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la lucha contra el estigma y la discriminación asociada al virus.
El pasado 21 de diciembre se publicó en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo una reforma al Código Civil de esa entidad.
Llama la atención que, en el artículo 682, sección II, se establece como requisito para contraer matrimonio un “certificado médico por cada pretenso, en el que asegure que no padece enfermedad crónica o incurable que además sea contagiosa y/o hereditaria”.
Adicionalmente, esta disposición se contrapone a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA-2023, Para la prevención y el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, que señala que no se debe solicitar una prueba de detección del VIH como requisito para el acceso a bienes o servicios de cualquier tipo; contraer matrimonio; divorciarse; ingresar u obtener, permanecer o ascender en el empleo; formar parte de instituciones educativas o de salud; ejercer el trabajo sexual; o para recibir atención médica, y en cualquier otro caso que impida o anule el ejercicio de los derechos de la persona. Esta norma es de observancia general, por lo que debe ser acatada por el gobierno federal y por todos los gobiernos estatales y municipales.
La nueva disposición en el Código Civil de Quintana Roo pone en riesgo los avances alcanzados en materia de derechos humanos en la respuesta al VIH en México, por lo cual resulta crucial su revisión política y jurídica.