Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo
Indignación causó en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la aprobación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (3de3) que obligaría a los empresarios a ser ellos y no los políticos quienes tendrían que transparentar sus patrimonios y situación fiscal.
“No estamos satisfechos con la aprobación porque la modificaron y de momento no estamos de acuerdo en la forma en que la aprobaron en el Senado, ya que privilegiaron sus necesidades”, precisó Eloy Peniche Ruiz, dirigente en Cancún de la Coparmex.
“De nada sirve el clamor popular si los mismos legisladores le que quitan a los funcionarios, jueces, ministros, dirigentes sindicales y en general servidores públicos, la obligación de publicitar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal”, añadió.
Adelantó que la Coparmex a nivel nacional está convocando a una reunión emergente para platicar sobre este tema con todos los miembros en el país. En dicha reunión también se definirá un plan de acción a seguir para presionar a los legisladores a mantener el espíritu original de la propuesta 3 de 3, que es transparentar las cuentas, los intereses y el historial fiscal de servidores públicos.
Peniche Ruiz dijo que las modificaciones aprobadas el miércoles en el Senado de la República eliminan los mecanismos de transparencia a que se debían someter los políticos, pues cambiaron los formatos de presentación de sus declaraciones fiscal y patrimonial.
Además, piden que cualquier empresa o empresario que tenga algún contrato con el gobierno tenga que presentar sus declaraciones patrimoniales, tanto del empresario y de los trabajadores, lo cual, dijo el líder patronal es una “locura”.
La Ley de Responsabilidades Administrativas aprobada ayer el en Senado dejó afuera la definición de los formatos para garantizar la información que de manera obligada habrían tenido que publicar los servidores públicos al presentar sus declaraciones.
Analistas como Juan Pardinas, declaró: “desgraciadamente el PRI y el PVEM cerraron filas contra la posibilidad de trasparentar el patrimonio y los intereses de los servidores públicos y de los propios miembros del Congreso”.