CANCÚN, Quintana Roo.- Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo A.C., informó que el proceso administrativo que derivó de la denuncia popular interpuesta por las irregularidades en los trabajos de ampliación del hotel Me by Melia ubicado en el kilómetro 11.5 del boulevard Kukulcán, no ha concluido a pesar del presunto pago de una sanción por el monto de 500 mil pesos y mucho menos exime a la empresa de la presunta comisión de actos irregulares denunciados el 17 de noviembre de 2016, según consta en el documento oficial número PFEPA/29.7/2C.28.2/0129/2017.
El activista social detalló que el documento arriba citado le fue notificado recientemente y en él se le solicita aclarar los motivos para haber interpuesto una Recurso de Inconformidad por la presunta resolución que, no obstante, había sido publicada en un comunicado de prensa por la propia dependencia con fecha 31 de enero de 2017 y en el cual se detalla que el proceso administrativo habría concluido con la sanción por el monto de 500 mil pesos.
No obstante, en el documento 129/2017 se informa que ello no implica la conclusión del proceso jurídico inherente a la denuncia popular número PFPA/29.7/2C.28.2/0261-16 de fecha 17 de noviembre de 2016 que derivó en una visita de inspección el día 22 de noviembre en cuya acta se detallan daños a la vida silvestre, al hábitat de una especie protegida, la cercanía a un Área Natural Protegida, entre otras irregularidades, por lo que, aún los argumentos oficiosamente descritos en favor del hotel, no tienen valor jurídico alguno, preciso Amaro Betancourt.
Ante esta situación, el equipo de abogados de la ALQROO trabajó en una respuesta que determina dos aspectos fundamentales: la visita de inspección deriva de la denuncia popular, por lo que no hay dos procedimientos separados; aún más, si fuese el caso, la autoridad tiene la obligación de relacionar una o varias denuncias en una sola, uno o varios procedimientos administrativos y denuncias los cuales, evidentemente tienen el mismo origen, en este caso, la ampliación y remodelación de las instalaciones del hotel.
Además, la respuesta deja en claro que el falaz argumento de las excepciones que determina el artículo 6° de la Lgeepa en materia de Impacto Ambiental no aplica, toda vez que incumple con el numeral III del mismo artículo que exceptúa su validez, en caso de que las obras generen un mayor impacto al ambiente, a la vida silvestre y aún más, supongan una invasión a zonas federales, aspecto que tampoco ha sido aclarado por laautoridad.
Cabe recordar que, en el comunicado de prensa de fecha 31 de enero, la autoridad, que se convierte de facto en “abogado defensor” de la cadena hotelera, justifica los hechos en ese artículo de ley, aún cuando no corresponde a PROFEPA la defensa de un presunto infractor.
Con esta procedimiento, la autoridad reconoce que aún tiene que determinar si existen o no violaciones a la legislación en materia ambiental por lo que, la clausura persiste y, en caso de haber pagado una presunta sanción por el monto de 500 mil pesos, ésta ha sido, en todo caso irregular por lo que será en los próximos días que la autoridad estará obligada a resolver.(Redacción / QUINTANA ROO HOY)