Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo
El juicio contra los promotores de Malecón Tajamar irremediablemente se extendió más allá del plazo fijado por la Ley, que fue de febrero del presente año, fecha en la que se vencieron los permisos ambientales de los que gozaba dicho desarrollo inmobiliario, aseguró la dirigente del movimiento Grupo Ecologista del Mayab (Mayab), Aracely Domínguez.
La prolongación del juicio implicaría forzosamente que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tenga que volver a tramitar una Manifestación de Impacto Ambiental con las condicionantes actuales que hoy prohíben expresamente construir sobre zonas de manglar, lo cual cancelaría toda posibilidad de construir en 65% de las 58 hectáreas que comprenden el Malecón, explicó la activista.
Además del amparo promovido por los 113 niños, respecto del cual el juez cuarto de distrito anuló la suspensión definitiva porque los menores no pudieron pagar la multa de 21 millones de pesos, está pendiente de resolverse otro amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en contra de los permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Malecón Tajamar en 2005.
El Cemda asegura que en la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada en ese entonces, Fonatur mintió a la autoridad asegurando que en las 58 hectáreas del proyecto no existía manglar.
Aracely Domínguez asegura que hay documentos que prueban que el gobierno de Quintana Roo advirtió en ese entonces a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) que no se podían otorgar los permisos ambientales al proyecto entonces llamado Malecón Cancún porque 65% de los terrenos a desarrollarse estaban cubiertos de manglar, especie que entonces gozaba de protección, pero no era considerada especie amenazada, tal como fue declarada tres años después durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Además de ese amparo, están pendientes de resolverse las 4,333 denuncias ciudadanas interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de las obras iniciadas por la empresa italiana Bi&Di en agosto de este mismo año, las cuales derivaron en la colocación de los sellos de suspensión provisional que hoy mantienen paralizadas esas obras en el Malecón.
La activista previó que dado el número de impugnaciones y demandas, muy difícilmente se pudo haber resuelto el asunto en la fecha límite: febrero de 2016, lo que obliga a Fonatur a promover una nueva Manifestación de Impacto Ambiental pero con las condicionantes que marca el artículo 60 TER incluido en 2008 en la Ley General de Vida Silvestre, el cual prohíbe la tala, desmonte o devastación de manglar, e incluso prevé sanciones penales para quienes violen esta medida.
En el trámite de compra-venta de los terrenos, el notario estaba en la obligación de comunicar al Registro Público el cambio de propietario, pero transcurridos ya varios meses de la supuesta venta de más del 95% de los terrenos, éstos siguen apareciendo a nombre de Fonatur, explicó.
Lista de predios a nombre de Fonatur