CANCÚN, Quintana Roo.- En cuestión de días, Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, será extraditado a México, pues no hay más argucias legales que impidan esta acción y él mismo renunció a los medios de impugnación, luego de que las autoridades de Panamá resolvieran en su contra dos de los recursos interpuestos por la defensa.

Juan Velázquez, reconocido abogado penalista, aseguró que se cumplió lo que había dado a conocer en el caso del ex gobernador: Panamá no quería quedar mal con otra nación y accedió a la extradición. Recalcó que en este tipo de casos, el procedimiento siempre es más un tema político y no tanto judicial, por lo que tratar de retardar la petición es un costo monetario inútil para la familia.

Afirmó que, salvo cuestiones extraordinarias, todas las extradiciones se acaban concediendo, porque a los países lo que les importa es la reciprocidad. Juan Velázquez comentó que por ese motivo, “pleitear” las extradiciones es un tiempo y un costo monetario inútil, en donde los abogados prometen que van a ganar y a la mera hora, no.

“Por la experiencia que tengo en procedimientos de extradición, al extradibable lo que más le conviene es regresar a su país, primero porque es difícil estar detenido en un país extranjero, en una celda que comparte, o aunque no comparta. Además, porque las autoridades de esos países y para que las personas se desesperen las tratan mal y aquí regresa a su país, a su comida, su idioma, cerca de su familia y a defenderse”, aseveró.
Dejó en claro que aquí en México, Borge Angulo se podrá defender de los cargos de extradición, porque solamente se le podría enjuiciar por cuatro delitos, uno del fuero federal y tres del fuero común, y no por más, porque en los tratados de extradición hay una cláusula de “especialidad” que dice que al extraditable o extraditado sólo se le podrá enjuiciar por los delitos que motivaron la extradición.

SUS DELITOS
Al ex gobernador de Quintana Roo se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita (delito del fuero federal), peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública (delitos del fuero común), que aún y cuando pudieran no ser de prisión oficiosa, al haber temor de que el inculpado huya de nuevo, tendrá que enfrentar los procesos en prisión.

Juan Velázquez recalcó que la situación de Borge es delicada, al igual que la de “Javidú” y Tomás Yarrington, quien está preso en Roma, Italia, ya que tendrán que pasar dos o tres años en prisión, mientras se realiza el juicio, la condena una apelación y el amparo. “El panorama de estos gobernadores es negro”, resaltó.

BAJA LAS MANOS
Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, aseguró que el ex gobernador Roberto Borge Angulo será extraditado, luego de que este último renunciara a medios de impugnación.

Apuntó que los tiempos de la extradición dependen de la Procuraduría General de la República (PGR), la Interpol y de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores que han estado trabajando con las autoridades panameñas.

Añadió que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene a una persona dedicada especialmente a seguir este proceso y reiteró que el propio acusado decidió renunciar a los medios legales a su alcance, lo que no dependió del gobierno o la fiscalía.

Afirmó que también se está dando seguimiento en contra de otros ex funcionarios de la pasada administración borgista y solo será cuestión de tiempo para realizar más detenciones, ya que los señalados han interpuesto diversos amparos.

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado ha mencionado que se tienen 27 denuncias penales oficialmente en contra de ex servidores públicos que generaron afectaciones al erario por más de 11 mil 800 millones de pesos y en las que están involucrados más de 80 funcionarios y ex funcionarios de varios niveles de la pasada administración gubernamental.

OTROS ACUSADOS
Son seis los ex funcionarios de la administración borgista que han sido vinculados a proceso por los delitos de desempeño irregular de la función pública, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.

Mauricio Rodríguez Marrufo fue detenido el 5 de mayo, mismo día que se libró la orden de aprehensión en su contra. Al día siguiente, un juez le otorgó prisión preventiva y se aseguraron sus bienes como medida cautelar para el aseguramiento de la reparación del daño.

El 9 de noviembre la FGE recuperó parte del patrimonio estatal al obtener sentencia condenatoria contra el funcionario, quien pagó 39 millones 733 mil 176.81 pesos, por el desempeño irregular de la función pública.

Paulina García fue detenida el 8 de mayo por elementos de la Policía Ministerial de Investigación en la zona sur de la entidad, tras la orden de aprehensión derivada de la carpeta administrativa 88/2017, iniciada por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Carlos Acosta fue asegurado el 4 de julio, al cumplimentar una orden de aprehensión emitida en el expediente 151/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública. El 5 de julio, el juez le entregó prisión preventiva justificada.

Fue vinculado a proceso el 11 de julio, gracias al trabajo realizado por los fiscales adscritos al Tribunal de Juicio Oral.

Víctor Loyola, de 41 años, fue asegurado el 3 de septiembre. Está relacionado con la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública durante el tiempo que ocupó el cargo de procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. La FGE logró que sea imputado el 9 de septiembre.

Érce Barrón fue asegurado el 27 de noviembre por elementos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en cumplimentó una orden de aprehensión emitida en la Carpeta Administrativa 151/2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública.

La imputación se realizó al día siguiente, y el 3 de diciembre, la FGE obtuvo vinculación y prisión justificada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 207 fracción I inciso D del Código Penal.

Ana Alicia Rivera fue asegurada el 28 de noviembre de 2017, en cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de peculado, dentro de la Carpeta Administrativa 308/2017. El mismo día, la FGE formuló una imputación en su contra.

Renán Moguel/ Samuel Caamal/Quintana Roo Hoy