Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo

El sábado pasado, en una reunión que tuvo lugar en el municipio de Hopelchén, estado de Campeche, integrantes de los pueblos mayas, zapotecos y yaquis firmaron un Pronunciamiento dirigido al Gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual pidieron que se respeten sus derechos humanos, particularmente su derecho a la autonomía, al libre desarrollo y al consentimiento previo e informado en relación con megaproyectos que pretenden desarrollarse en sus comunidades.

En la asamblea participaron casi cien representantes de comunidades mayas de Campeche y Quintana Roo; Calakmul, Kancabchen, Santa Rita, Bacalar, Pakchen, Chenkoh, Hopelchén, Sahcabchén, Xpujil, Cripx, Chan-Chen, Iturbide, Pakchen, Chunchintuk, Chunchintok, Xculoc, Temozón Norte, Xcalot, Tinun, y Chunyaxnic, entre otras, quienes escucharon el testimonio de Mario Luna, secretario de las Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui; así como de Bettina Cruz Velázquez, integrante del pueblo zapoteca de Juchitán de Zaragoza Oaxaca; quienes refirieron las violaciones cometidas durante los procesos de consulta del Acueducto Independencia en Sonora y el parque eólico en Juchitán.

Por su parte, los integrantes del pueblo maya hablaron de las irregularidades al procedimiento de consulta y afectaciones a su forma de vida que ya están experimentando a partir de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó a la empresa Monsanto permisos para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada, resistente al glifosato.

No se les informó

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció el pasado 7 de agosto que las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades.

El pronunciamiento lanzado de manera conjunta este fin de semana demanda específicamente: la cancelación definitiva de los megaproyectos que afectan al pueblo Yaqui, Zapoteco y Maya; en particular se nulifiquen los efectos de los permisos administrativos que fueron otorgados por el Estado mexicano a favor de dichos proyectos; realizar procesos de consulta que sean de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada, respetando la decisión de las comunidades respecto de proyectos futuros, así como respetar el proceso de consulta para que este mecanismo realmente permita a los pueblos indígenas obtener justicia socio-ambiental.