Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo
La asociación Salvemos Malecón Tajamar (SMT) denunció que Fonatur y Profepa han mantenido un hermetismo ilegal en torno al juicio de amparo que tiene detenido este desarrollo, lo cual coincide con la postura de los empresarios afectados por la suspensión del proyecto.
Mientras los ambientalistas acusan de dilación y opacidad en el juicio de amparo por parte de Fonatur, empresarios declaran que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo no les proporciona la información correspondiente al estado legal del caso, a pesar de ser los directamente afectados.
SMT denunció ayer que a pesar de que han solicitado de forma reiterada y por escrito acceso a los expedientes del caso, “esto no ha sucedido”. Argumentan a su favor que “el movimiento SMT representa más de 5 mil de las 7 mil denuncias que se han presentado en el caso”, sin embargo, autoridades federales “no les permiten revisar el expediente”.
Los ambientalistas también acusan a Fonatur de pretender centrar todas las irregularidades ambientales en la empresa italiana Bi&Di, pese a que según información recabada en el Registro Público de la Propiedad, quienes figuran como propietarios de predios en el malecón son firmas que nada tienen que ver con Bi&Di.
“Ni Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) ni Fonatur deben insistir en señalar a la empresa Bi&Di como única culpable de los incumplimientos a los que estaba obligado Fonatur, mucho menos considerando que es una sociedad que vendió desde julio, agosto y los últimos lotes de octubre de 2015”, señalan.
Indican también que el lugar donde actualmente se pretende construir una basílica de la iglesia católica es un lote que en 2007 “fue donado por Fonatur al Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) ––del Gobierno de Quintana Roo–– con el siguiente fin: el IPAE se obliga a destinar el lote a consecución de los fines superiores del Estado tales como son desarrollar y participar en programas, negocios, empresas y acciones a nivel nacional e internacional que permitan fomentar promover y orientar el mercado de tierras e impulsar el desarrollo urbano, turístico y económico de la Entidad a que se refiere el Decreto por el que se creó el IPAE”.