JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- Un total de 120 colectivos de defensa de los derechos humanos envió una misiva al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en la que denuncian que comunidades afectadas por el trazo del Tren Maya han sido objeto de denegación de la justicia en diversos amparos promovidos en contra de este proyecto.
“En todos los casos resueltos por los juzgados federales, correspondientes al Décimo Cuarto Circuito resulta preocupante la utilización del argumento de la falta de interés legítimo para negarse a conocer los amparos, a pesar de que de manera reiterada los precedentes jurisprudenciales nacionales e internacionales han señalado la importancia de que los Jueces analicen con especial escrutinio los reclamos derivados de la violación de derechos que son de carácter colectivo o difuso, como es el caso de los derechos indígenas o los derechos de la naturaleza, o al medioambiente sano, exponen en la misiva.
Aseguran que no se trata de hechos aislados sino de una resistencia para atender y conocer de demandas presentadas por distintas comunidades indígenas, organizaciones, colectivos y personas defensoras para proteger los derechos humanos frente a las distintas afectaciones derivadas de la implementación del megaproyecto Tren Maya en la Península de Yucatán, Chiapas y Tabasco.
En la carta exponen que el Tren Maya tendrá un área de influencia sobre 533 ejidos y mil 510 comunidades indígenas de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko, pasando directamente por 43 municipios de las cinco entidades federativas mencionadas; además afectará seis lugares declarados como Patrimonio Mundial, así como 35 lugares con valor universal excepcional y cinco reservas de la biósfera de la Unesco.
Concluyen la carta solicitando al Consejo de la Judicatura federal que como órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, aseguren la autonomía de jueces, juzgados y tribunales, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.