Manuel Baeza / Grupo Cantón
Cancún.- Residentes de al menos 15 colonias pertenecientes a la delegación de Bonfil en Cancún, planean formar un frente común para denunciar un presunto fraude inmobiliario perpetrado desde el Ejido
Según los afectados, el ejido ha revendido hasta cinco veces los mismos lotes, generando incertidumbre jurídica y amenazando con desalojar a cientos de familias que adquirieron sus terrenos de buena fe.
Entre las colonias con estos casos están: Valle Verde, Generación 2000, Avante, 3 Reyes, Colonia México, Avante, El Milagro, El Porvenir y Chiapas Siglo XXI.
En la colonia Chiapas Siglo XXI, por ejemplo, se vendieron desde el año 2000 un total de cinco mil predios en una extensión de 200 hectáreas. La transacción fue por 10 millones de pesos.
A 25 años de esas transacciones, los habitantes enfrentan demandas de desalojo por parte del Ejido de Bonfil, que reclama la propiedad de las tierras.
Una situación similar se vive en la colonia Tres Reyes, donde los residentes también temen perder sus hogares.
Andrés Castillejos, líder de la iniciativa e integrante de la Asociación de Chiapanecos Residentes en Quintana Roo, busca unir a las comunidades afectadas para enfrentar por la vía legal estas irregularidades, ya que asegura que son miles los propietarios legítimos que carecen de certeza jurídica sobre sus predios.
En el caso de la Chiapas Siglo XXI, los cinco mil lotes cuentan con dueños que pagaron por ellos, pero ahora enfrentan la amenaza de ser desalojados por demandas impulsadas por el ejido.
El mayor temor de las familias es el desalojo, especialmente porque el Ejido de Bonfil no solo reclama las tierras, sino que, según los denunciantes, intenta revender los mismos predios de al menos 10 por 30 metros a los propietarios originales por más de 300 mil pesos.
Lo anterior, de acuerdo con al menos 70 residentes de la colonia Chiapas Siglo XXI que se unieron para evitar ser desalojados de sus viviendas. La diligencia se programó para el 14 de agosto, sin embargo no se concretó.
Esta práctica, calificada como fraudulenta, ha motivado a los residentes a organizarse para exigir justicia y proteger sus derechos sobre las propiedades adquiridas.
Entre las acciones inmediatas está el trámite de amparos y con ello evitar los desalojos y lograr que las familias cuenten con certeza de la propiedad de sus predios.