Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo

La Asociación de Plazas Comerciales (APC) de Quintana Roo denuncia cobros indebidos por parte del ayuntamiento de Benito Juárez bajo la figura del “deudor solidario”, la cual condiciona la licencia de funcionamiento a comerciantes, mediante el previo pago de adeudos con el municipio, que ellos no adquirieron.

Pese a que el Ayuntamiento emitió un comunicado la noche del pasado miércoles, en el que anunció que dará una prórroga de un mes para la tramitación de las licencias de funcionamiento, Eduardo Galaviz Ibarra, dirigente de la asociación, dijo que el tema de fondo es el cobro por concepto de recolección de basura que se les aplica, así como otras medidas en el reglamento de Protección Civil que hacen sumamente tortuosa la renovación de una licencia.

Tan sólo en el tema de la basura, dijo, el Ayuntamiento pretende cobrarle a los locatarios de plazas comerciales adeudos que se generaron antes de que ellos alquilaran el establecimiento, lo cual es anticonstitucional, pese a estar previsto en el reglamento de Hacienda municipal.

Ya hay dos antecedentes, dijo, el primero de una plaza que recurrió a derechos humanos, así como otra que emitió un extrañamiento con la intención de dejar sentado un precedente para poder interponer posteriormente un amparo.

Galaviz Ibarra reconoció como un avance la prórroga que dará el Ayuntamiento, pues en caso de no haberse tomado esa medida, más de mil 500 locatarios de las 36 plazas comerciales que conforman la asociación se habrían visto impedidos a obtener sus licencias de funcionamiento y verse expuestos a pagar multas de hasta 80 mil pesos, debido a que el plazo para tramitarlas vencía el 28 de febrero.

Y es que se presentaron casos como el de un centro comercial al que le pretendían cobrar 4 millones de pesos por adeudos atrasados, y le estaban negando la renovación de la licencia en caso de que se negase a pagarlos.