CANCÚN, Q. Roo.- Se viene una semana importante para el Congreso del Estado, ya que iniciará la revisión de varias solicitudes de juicio político, al menos seis, que podrían terminar con la inhabilitación o destitución de varios funcionarios, afirmó Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.

Martínez Arcila atribuyó que por eso hay una serie de ataques para que los diputados no hagan el trabajo que se requiere hacer, de acuerdo con lo que los legisladores juraron, pero eso no afecta el propósito del Congreso.

El diputado panista señaló que a la XV Legislatura no le temblará la mano para aplicar la ley, en caso de hallarse elementos en las solicitudes de juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Víctor Vivas Vivas; en contra de Carlos Lima, integrante del Tribunal Superior de Justicia; y en contra del ex presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín.

También agregó que los juicios que se revisarán son contra el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén; el ex presidente de Felipe Carrillo Puerto, Gabriel Carballo Tadeo; y contra el ex alcalde de José María Morelos, Juan Parra López.

Aun así, prefirió reservarse su opinión sobre si estos casos tienen los elementos suficientes para inhabilitar a estos funcionarios, pues aclaró que no le corresponde a él, sino a la Comisión de Justicia del Congreso (presidida por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio) revisar los casos.

“En caso que se cumplan los requisitos de forma, se crea una Comisión Instructora que es la que recaba los elementos necesarios, para finalmente pasar el expediente al pleno, a los 25 diputados, donde se votará”, explicó.

En caso de ser la resolución de juicio político positiva, se procederá a retirar del cargo a los que estén en función y a los que estén “en la banca” se les dará una inhabilitación para ocupar algún cargo público.

En el caso particular de Fredy Marrufo Martín, quien en días pasados fue nombrado delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Martínez Arcila enfatizó que este cargo no será impedimento para conocer si cometió alguna irregularidad como presidente municipal, es una competencia federal su cargo, no tiene fuero.

Otra situación aparte, mencionó, es la del auditor superior del estado, Javier Zetina González, quien recalcó que no goza de la confianza de los diputados ni de la ciudadanía, pues difícilmente puede tener autonomía quien le toca revisar las cuentas de la persona que lo nombró en el cargo.

Causas de los juicios políticos

Esta semana, ninguno de los seis involucrados en solicitudes de juicio político, unos hechos por instituciones públicas y otros por particulares, podrá dormir tranquilo, pues de acuerdo con el presidente de la Gran Comisión en el Congreso Local, Eduardo Martínez Arcila, será en estos días que se dictamine por parte del Pleno (los 25 diputados) si proceden o no dichas solicitudes.

Sin importar el orden cronológico o de importancia, estos son los asuntos de juicio político que serán analizados, primero en una Comisión Instructora, que dictaminará; luego serán llevados a votación en el pleno.

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS

En un oficio fechado el 25 de julio de 2016, el ciudadano Héctor Alarcón Galindo, quien ocupaba la jefatura del Área de Comunicación y Difusión del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) hasta el 6 de julio de ese año, denunció actitudes “crueles y hostiles, que rayaban, por sus proporciones, en tortura psicológica, hasta posiblemente, configurar acoso laboral” de parte del presidente del Teqroo, Víctor Venamir Vivas Vivas, en su contra.

El otro caso por el que se le solicita al Congreso del Estado el juicio político contra el presidente del Teqroo es el de la consejera electoral del Ieqroo, Claudia Carrillo Gasca, por el presunto delito de violencia política de género.

Al respecto, Jorge Aguilar Osorio, dirigente estatal del PRD, dio a conocer que el sol azteca interpuso una denuncia de juicio político contra Víctor Vivas por muestras de parcialidad en sus decisiones, intromisión en la vida de los partidos y violencia política contra los ciudadanos.

CARLOS LIMA CARVAJAL

De igual manera la consejera electoral, Claudia Carrillo Gasca, ha ratificado su demanda contra el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Carlos Lima Carvajal, por amenazas e intimidación.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero mencionó que el caso que se realiza en contra de Carlos Lima Carvajal, que fue turnado al Congreso del Estado, sería el primero de tres que se llevarán a cabo por la XV Legislatura. Aquello por lo que se juzga a Lima Carvajal es por haber violado el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así es como lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al no haber presentado el acusado su declaración patrimonial en los plazos correspondientes a la ley. Y es que se presume que, en su período, Carvajal hizo un desvío de mil 464 millones de pesos mientras era director de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

FREDY MARRUFO MARTÍN

Un día después de haber sino nombrado como delegado federal de la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu), el 10 de marzo pasado, el gobierno de Cozumel, que encabeza Perla Tun Pech, realizó dos denuncias de hechos ocurridos durante la administración de Fredy Efrén Marrufo Martín, alcalde antecesor, así como de otros cuatro ex funcionarios locales. La primera de ellas se efectuó ante el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR) destacamentada en Chetumal. La segunda, ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Asimismo, una denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado, presentada por el síndico municipal del gobierno de Cozumel. La presidenta informó que el juicio político en contra de Fredy Marrufo es por el manejo indebido de recursos públicos y daños a la administración municipal por la cantidad de 405 millones 997 mil 649 pesos con 31 centavos.

HARLEY SOSA GUILLÉN

Otro de los que está en la lista del Congreso, de asuntos por resolver, es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, por la presunta omisión de la reparación integral del daño e investigaciones por casos de tortura en la entidad.

Leonardo Daniel Kumul Salazar, director de asuntos jurídicos de la Comisión Nacional e Internacional de la Organización de Confederaciones de Derechos Humanos en Quintana Roo, consideró que el presidente de Derechos Humanos local pasó por alto lo establecido en el Protocolo de Estambul, manual de la Organización de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La omisión de algunas recomendaciones generales e informes a los cuerpos policíacos estatales municipales y judiciales que sistemáticamente han recaído en los actos de tortura, detenciones ilegales, retenciones, extorsión e incomunicación.

Agregó que desde diciembre de 2014, hasta julio de 2016 se han cometido estos actos y omisiones que merman los derechos humanos de las personas, en esencial, los casos de tortura en Quintana Roo, donde se han cometido las omisiones ya mencionadas.

GABRIEL CARBALLO TADEO

Con el respaldo de más de 5 mil firmas de habitantes de Felipe Carrillo Puerto, regidores de la actual administración encabezados por la perredista, Ligia Arana y Esquivel, solicitaron al Congreso del Estado un juicio político contra el ex presidente municipal, Gabriel Carballo Tadeo, presuntamente por el faltante de más de 135 millones de pesos.

La concejal explicó que en la actualidad el gobierno municipal arrastra deudas con proveedores lo que repercute en los beneficios de la sociedad. “Se debe más de 4 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, más de 5 millones de pesos a proveedores. No se tienen recursos disponibles para comprar material y cubrir con las principales necesidades del gobierno”, acotó la regidora. La misiva fue dirigida al presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Emiliano Ramos.

Además de Ligia Arana, un total de 72 ex trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto solicitaron juicio político contra funcionarios públicos, principalmente Gabriel Carballo Tadeo, por falta de liquidación de un laudo.

JUAN MANUEL PARRA LÓPEZ

El abogado Martín Ramayo Aranda, representante legal de ex trabajadores del municipio de José María Morelos, interpuso una demanda de juicio político ante la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, en contra del ex presidente municipal, Juan Manuel Parra López.

Amplió que esta demanda obedece a las omisiones que el ex alcalde ha hecho al laudo emitido por la Suprema Corte a favor de casi una docena de afectados, al negarse a pagar un monto superior a 8 millones de pesos, a pesar de que las cuentas del ayuntamiento fueron congeladas en días pasados como parte de las diligencias.

Esta demanda ocurrió en septiembre de 2016, ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, toda vez que el ex edil morelense presumía gozar de la protección de la mayoría priista que conformaba la pasada XIV Legislatura.

“Son 11 personas a los que yo represento y les debe poco más de 8 millones de pesos porque incluyen salarios caídos. Además tiene otra demanda de 250 ex trabajadores de la administración municipal anterior, aparte de las demandas que enfrentó su gobierno por no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), evasiones de pago a cuotas del Fonacot, entre otras omisiones”, añadió el representante legal.  (Martín G. Iglesias / QUINTANA ROO HOY)