CANCÚN.- Los ejidatarios tienen razón en pedir primero que se les resuelvan sus problemas con el gobierno federal antes de cualquier trato para el Tren Maya, porque en algunos casos tienen décadas esperando indemnizaciones por sus tierras, reconoció Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
El funcionario aseguró que el gobierno federal no forzará ningún acuerdo con ejidos o comunidades originarias sino que privilegiará el diálogo y la negociación, e incluso se ofrecerá como interlocutor para resolver problemáticas añejas para después negociar lo relacionado al Tren Maya.
En el sur de Quintana Roo, dijo, está pendiente una indemnización que data desde hace más de 10 años por la ampliación de la carretera federal, “esto se tiene que resolver antes que cualquier otra cosa. Estamos ayudando a los ejidos a que cobren sus derechos de vía por proyectos anteriores, carreteras por las que se les adeuda desde décadas”, aseguró.
Se trata de un asunto que es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero Fonatur está ofreciéndose como mediador para acelerar el pago a los ejidatarios, dijo.
El ejido reclama el pago a precio comercial por 120 hectáreas expropiadas en 2008, el cual estiman en más de 100 millones de pesos. “Son adeudos viejos en los que la gente tiene toda la razón; nos dicen que están de acuerdo en incorporarse al Tren Maya, pero que primero les paguen lo que les deben desde hace tiempo en muchos casos desde hace varias décadas”, precisó.
Jiménez Pons aseguró que hasta el momento 98% de los ejidos que se encuentran en el trazo del Tren Maya se han manifestado a favor del proyecto, lo cual sólo implica que les han otorgado anuencias para realizar estudios de mecánica de suelos en dichas propiedades comunales.
Aunado al tema de Laguna Om, en el sur del estado están impulsando acuerdos con el ejido de Bacalar para destrabar las negociaciones en torno a la apertura de la zona arqueológica de Ichkabal.
Problema histórico
En una entrevista previa con Alejandro Varela Arellano, director jurídico de Fonatur, el funcionario expuso que históricamente el gobierno ha relegado a los ejidos de Quintana Roo.
Existe una desconfianza añeja hacia el gobierno por el olvido y las carencias en las que viven las comunidades originarias de todo el sureste del país. El reto es revertir esa desconfianza para lograr que se integren al proyecto del Tren Maya, aseguró el funcionario.
“El diálogo va a ser difícil porque tenemos una tradición de no cumplir con las obligaciones del gobierno y me refiero a lo más básico. El sureste tiene carencias básicas en urbanización, agua potable, drenaje, y falta total de apoyo para modelos productivos. Sabemos que estamos enfrentando una desconfianza histórica y justificada. El caso de Quintana Roo es uno de los más representativos de esta realidad”, aseguró Varela Arellano.
Por Jesús Vázquez/Grupo Cantón