Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo

El director de Ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Hugo Favio Bonilla Iglesias, reconoció que alrededor de 8 mil locales comerciales están pendientes de renovar su licencia de funcionamiento en Cancún, pero negó que se esté aplicando a rajatabla la figura del deudor solidario y que esto sea el motivo por el cual no hayan podido cumplir con sus obligaciones municipales.

El funcionario aseguró que el dirigente de la Asociación de Plazas Comerciales (APC) de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, ha tergiversado la situación real de los cobros por renovación de licencias de funcionamiento, pues en ningún momento se ha pretendido cobrar deudas que no les corresponden a los actuales inquilinos de locales comerciales.

La figura del deudor solidario contenida en la ley estatal de Hacienda consiste en el cobro del servicio de recolección de basura a los inquilinos de un local comercial. Si el local tiene pagos atrasados de anteriores inquilinos, dicha deuda tiene que ser cubierta por quien pretenda volver a ocupar dicho el establecimiento.

Tanto la APC como el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE-C) aseguran que dicha figura es anticonstitucional y obligará a muchos empresarios a tramitar amparos en caso de que el Ayuntamiento se empeñe en condicionar la licencia anual de funcionamiento al pago de estas deudas atrasadas.

El director municipal de Ingresos aseguró que muchos comerciantes se han escudado en esta situación para no pagar sus obligaciones puntualmente, pues a una gran mayoría de los 8 mil locales que están pendientes de renovar sus licencias de funcionamiento no se le ha pretendido aplicar la ley del deudor solidario, sino que se le está requiriendo únicamente los pagos atrasados de 2015, pero también están renuentes a pagar estos atrasos que sí les corresponde cubrir.

Los casos en los que la deuda es más añeja, dijo, se están revisando individualmente para evitar hacer cobros indebidos y no aplicar a rajatabla la figura del deudor solidario.
Confió en que la prórroga sea suficiente para que los comerciantes se pongan al día y no haya necesidad de imponer multas y recargos.