Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe está incluyendo dentro de su pliego de peticiones al gobernador electo Carlos Joaquín González, una dura regulación a la renta vacacional de viviendas particulares que se ofertan a través de plataformas como Airbnb.
La exigencia es imponer, a quienes rentan sus viviendas en plan vacacional, la obligación de estar registrados en una base de datos así como el pago de los mismos impuestos que hoy cubre la hotelería tradicional a todos aquellos particulares que aparten en plataformas como Airbnb o similares.
La Asociación de Hoteles de Cancún, miembro del CCE, reporta que la renta de casas o habitaciones a través de la plataforma digital Airbnb, ocasiona que se dejen de generar alrededor de 10 mil empleos directos, ya que actualmente hay aproximadamente 5 mil cuartos que se rentan a través de Airbnb u otras plataformas similares en Quintana Roo.
“El problema es que no cubre los impuestos que nosotros como hoteleros pagamos (IMSS, ISR, IVA, Zofemat y 3% del impuesto al hospedaje, entre otros), porque es un sistema de reservas, no generan empleo, ni tampoco garantiza la calidad del inmueble”, afirmó en entrevista Carlos Gosselin Maurel, dirigente de la Asociación de Hoteles de Cancún.
La iniciativa de ley para regular esta actividad se trabaja ya en conjunto con los legisladores que entrarán en funciones a partir de septiembre próximo.
James Tobin Cunningham, dirigente en Cancún de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios, asegura que hay un amplio consenso entre el sector empresarial que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe para impulsar una reforma que no prohíba pero sí “regule” este tipo de plataformas, a las cuales se les ve como una competencia desleal, mientras se mantengan al margen de la economía formal, lo cual implica no pagar impuestos por la actividad que realizan.
