Cancún.- Amenazas, detenciones ilegales y abuso de autoridad son algunas de las evidencias que existen en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, que se encuentra prácticamente secuestrada por el líder del “cártel de los chilangos”, Oscar Montes de Oca Rosales, ya que en un acto de total autoritarismo detuvieron al actuario de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje, Jonathan Hernández Rosas y a los abogados Vivian Barrera Chávez y Bryan Jesús Contreras Cid, quienes daban cumplimiento a un mandato emitido por el Juez Quinto de Distrito de Quintana Roo en favor de Celia Susana Gómez Santiago y Allan Martínez Macias, quienes ganaron el juicio laboral número 325/2014, en contra de los demandados Consultoría Lugo y Asociados, y en pago de dicho juicio embargaron y se adjudicaron un predio ubicado en interior 18-04-51, Condominio Isla Dorada, lote 18-04, manzana 52 de la Zona Hotelera en Cancún, pero al no entregarles el predio, interpusieron un juicio de amparo al que se le asignó el número 1699/2018, el cual también ganaron como última etapa de un procedimiento que ya no admite recurso alguno.
Sin embargo, los demandados Consultoría Lugo y Asociados se inconformaron con dicha sentencia e interpusieron un recurso de revisión, el cual finalmente fue resuelto por Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, quienes confirmaron la sentencia emitida por el Juez Quinto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo quien ordenó a la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje que les entregaran el predio a los trabajadores ganadores del juicio laboral.
Justo cuando estas personas realizaban el mandamiento judicial emitido por el Juez Tercero de Distrito, llegaron elementos de la Policía Ministerial en un convoy al mando del comandante Saúl Novelo y por órdenes del Vice Fiscal Ricardo Piña Osorio y del Fiscal del Estado Oscar Montes de Oca Rosales, entraron a la fuerza y detuvieron de forma violenta al actuario y a los abogados de los trabajadores.
A pesar de que el actuario le exhibió a los ministeriales el expediente 325/2014 emitido por el juez de distrito y con número de oficio STYPS/SSTZN/JECA1BJ/670/2020, éstos detuvieron la diligencia y con toda prepotencia, arbitrariedad y violación a la legalidad del juicio se llevaron detenidas a las citadas personas.
Cabe hacer mención que dentro del juicio laboral interpuesto por los trabajadores Celia Gómez Santiago y Allan Martínez Macias en contra de Federico Guillermo Lugo Molina, las hijas del condenado en el juicio laboral, María Antonieta Lugo Mireles de Vázquez y Beatriz Eugenia Lugo Mireles de Reyner, han estado evadiendo la responsabilidad de realizar el pago del laudo condenatorio, interponiendo amparos y otros recursos legales que han perdido.
Lo más extraño del caso es que las hermanas María Antonieta y Beatriz Eugenia Lugo Mireles, han estado actuando con un poder otorgado por Federico Lugo Mireles, el cual se presume que puede estar muerto, lo cual ocasionó que se interpusiera una denuncia por presunto fraude procesal, misma que fue registrada bajo el número
FG/QR/CAN/UAT/5640/2018, y en la cual, los trabajadores en repetidas ocasiones le han solicitado a la Fiscalía que se presente el principal demandado, negándose la Fiscalía General del Estado a ordenar esta presentación, evidenciando la complicidad de los elementos de dicha institución.
Durante los hechos que se registraron el pasado viernes 2 de octubre y en donde se acreditó que la diligencia era legal, se usó una fuerza excesiva, ya que encañonaron al actuario y a los dos abogados, quienes hasta el día de ayer se encontraban detenidos en la Fiscalía, incluso incomunicados mostrándose así la prepotencia que nunca antes se había visto en la FGE y que ahora con la llegada del chilango Oscar Montes de Oca, se observa no solo una incorrecta aplicación de la ley, sino que se pasa por el arco el triunfo el mandato de dos Autoridades Federales, todo esto bajo el cobijo y complicidad del gobernador Carlos Joaquín González a quien le exigen que ya pare las arbitrariedades y corruptelas de este sujeto.
POR CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN