Verónica Fajardo
GRUPO CANTÓN
CANCÚN. A más de 3 años, el titular y el área jurídica de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) y personal de la Fiscalía General de Quintana Roo evaden la justicia de los jueces de control ante la denuncia de fraude procesal que denunció el señor Felipe Ramírez González al ser despojado de un terreno en el municipio de Tulum que compró en 1984 al entonces gobierno municipal.
Tras varias audiencias públicas para darle solución del despojo en donde, el abogado del señor Felipe Ramírez; el doctor en derecho e hijo del afectado, Germán Felipe Ramírez Villegas ha llevado este caso del fraude procesal ante los tribunales y hasta denunció a la Fiscalía anticorrupción y a los ministerios públicos por hacer largo este proceso.
En esta última audiencia pública que se realizó hace unos días no se hicieron presentes el área jurídica de la Agepro ni del titular de la paraestatal, José Alberto Alonso Ovando y al Ministerio Público Erik Can, en esta audiencia pública que se puede consultar, uno de los participantes del juzgado resaltó que a todos los involucrados se les notificó en tiempo y en forma para estar presentes el día citado.
Ante el desacato de los funcionarios a esta máxima autoridad, el juez impuso la multa de 200 salarios mínimos y una próxima audiencia en el transcurso de esta semana.
El doctor en derecho y defensor de la víctima, Germán Felipe Ramírez Villegas calificó a los funcionarios de la Agepro y de la Fiscalía como hipócritas y con poca vergüenza por seguir evadiendo a la máxima autoridad.
Explicó que el ocho de agosto del 2020, empleados de la Agepro invadieron el terreno de su padre, ese mismo día se levantó la denuncia por despojo calificado en contra de los entonces funcionarios de la Agepro posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción.
VÍACRUCIS PARA QUE SE OTORGUE JUSTICIA
El defensor resaltó: “la denuncia se presentó en ambas fiscalías la del entonces fiscal, Óscar Montes de Oca, con demandas de nulidad ante la sala administrativa y diversas audiencias de control judicial que se han llevado a efecto. A la postre, anticorrupción determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los denunciados. Esta fue confirmada por un juez. Este último fue denunciado ante el juez interno y se promovió un amparo”.
El terreno en disputa está ubicado en Lote 10, Manzana 001, en avenida Ruinas de Tamul, entre avenida Tamul y calle Nicte Ha; el inmueble se ubica en una zona comercial de gran plusvalía.
Hace unos meses, el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa otorgó la suspensión a la Agepro para que no se vendiera o se edificara dentro del inmueble hasta que el juez determinara a quien se le quedaría la posesión del terreno.
Pero el funcionario al parecer protegido por autoridades, José Alberto Alonso Ovando, titular de la paraestatal vendió el 22 de junio de 2022 el terreno del señor Felipe Ramírez de 83 años de edad.
El abogado defensor señaló: “El servidor público vendió este terreno a una empresa fantasma, o creada al parecer por la Agepro, denominada inmobiliaria los Arenales, S. A. de C. V. la cual no cuenta con domicilio físico en Tulum ni en Quintana Roo.
Con estas acciones del funcionario pareciera que se burla de la máxima autoridad, porque en el lugar de disputa ya están construyendo, cerrando la vía pública y según señala el personal que trabaja en la obra, en ese predio que se robó la Agepro y vendió aun en contra de las decisiones de los tribunales, construyen una tienda de conveniencia GO MART.
La víctima ha señalado en varias ocasiones que exige justicia, ya sea la devolución del terreno el cual es posesionario, ya que desde 1984 los gobiernos no le dieron la escrituración de la propiedad por diversas situaciones, como la mala regulación de la tierra o la reparación del daño.
Tulum es uno de los municipios más jóvenes de Quintana Roo, pero con graves problemas de crecimiento desordenado, contaminación y devastación. Medios nacionales e internacionales han señalado que a los gobiernos municipales se les ha denunciado por una ola de crímenes ambientales en las últimas cinco administraciones anteriores del gobierno de Tulum.
La Agepro arrebata a la población sus patrimonios para venderlos a empresas transnacionales o empresarios.