Miguel Josué Castilla Gómez, fue director de Participación Ciudadana del municipio de Tulum

CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

TULUM. Miguel Josué Castilla Gómez, ex funcionario del Ayuntamiento de Tulum y quien interpuso una denuncia en contra del alcalde Victor Mas Tah y otros funcionarios, con la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/TUL/0023/01/2021 en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado de Quintana Roo, por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, está solicitando medidas de protección, ya que teme por su integridad física.

Fue el pasado 18 de enero que el director de Participación Ciudadana de Tulum, Miguel Josué Castilla Gómez, acusó al presidente municipal Victor Mas Tah, así como al oficial mayor, Francisco Javier Chu Manzanero, al entonces director de Desarrollo Social, Ernesto Huchim, al actual director de Participación Ciudadana, José Alfredo Nahuatl Chimal, y Manuel Antonio de la Torre Flota, por falsificar documentos para obtener recursos por más de 14 millones de pesos, que se repartieron entre ellos, ya que los recursos desaparecieron.
En su relato, Castilla Gómez recordó que en octubre del año 2018 fue nombrado como titular de la Dirección de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Tulum, sin embargo, fue despedido el 18 de agosto del 2020, debido a que no se quiso prestar a las maniobras sucias del presidente municipal.

Fue removido del cargo el 18 de agosto del 2020, debido a que no se quiso prestar a las maniobras sucias del presidente municipal

El denunciante asegura que en junio del año pasado se contagio de Covid-19 por lo que tuvo que resguardarse en su casa, pero que su ausencia fue utilizada para que funcionarios en complicidad con el alcalde Victor Mas, falsificaran documentos y obtuvieran recursos por más de 14 millones de pesos, los cuales no fueron aplicados a ningún programa social.
El alcalde y sus secuaces le quieren adjudicar una deuda de un millón 800 mil pesos que sería aplicable para empleo temporal, pero que en realidad fue a parar a la bolsa de los funcionarios, así como 13 millones de pesos en diversos contratos.
Es por ello que interpuso la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, pero ahora considerando que pueden tomar represalias en su contra, está solicitando al presidente de México que le brinde un mecanismo de protección, ya que tocó fibras muy sensibles del alcalde, pues tiene pruebas del fraude que cometió con los funcionarios citados.