Redacción / Grupo Cantón
Mundo.- Un informe de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) concluyó que la implosión del sumergible Titan, ocurrida en junio de 2023 durante una expedición a los restos del Titanic, fue un evento completamente “prevenible”. La investigación, clasificada como el más alto nivel de análisis dentro de la entidad, reveló graves fallas técnicas, organizacionales y regulatorias que contribuyeron directamente al fatal desenlace.
El Titan, operado por la empresa OceanGate, con sede en Washington, carecía de certificación, inspección adecuada y mantenimiento conforme a estándares internacionales. Según declaraciones citadas por Associated Press, la nave no contaba con el diseño ni los procedimientos necesarios para una operación de alta profundidad.
Además de los aspectos técnicos, ex empleados denunciaron una “cultura laboral tóxica” en OceanGate, lo que refuerza las conclusiones del informe respecto a la negligencia institucional. La empresa, encabezada por el fallecido CEO Stockton Rush, desestimó advertencias internas sobre la seguridad del vehículo.
Uno de los puntos más relevantes del informe es la falta de un marco regulatorio sólido, tanto a nivel nacional como internacional, para este tipo de exploraciones privadas. “Es necesaria una supervisión más fuerte y opciones claras para los operadores que están explorando nuevos conceptos fuera del marco regulatorio existente”, declaró Jason Neubauer, presidente de la Junta de Investigación Marina.
La tragedia dejó cinco víctimas fatales: Stockton Rush, el empresario paquistaní-británico Shahzada Dawood y su hijo Suleman, el explorador británico Hamish Harding, y el buzo francés Paul Henri Nargeolet.
El Titan, de 6.7 metros de largo y 11,330 kilos, perdió contacto apenas 1 hora y 45 minutos después de su inmersión. Días después, restos del sumergible fueron hallados cerca de la proa del Titanic. En un video recientemente difundido, captado a bordo del Polar Prince, se escucha el momento en que probablemente ocurrió la implosión.
La investigación impulsa nuevas demandas legales y abre el debate sobre la urgente necesidad de regular las expediciones privadas en aguas profundas, un sector en crecimiento que, como en el caso de OceanGate, opera muchas veces sin supervisión formal.