Furiosos por la corrupción y temerosos por el deterioro de la seguridad pública, muchos brasileños están pidiendo la intervención de las fuerzas armadas para limpiar el país de políticos corruptos y combatir a las bandas de narcotraficantes.

Aunque las probabilidades de un golpe militar en el mayor país de Latinoamérica son mínimas, los llamados se han vuelto tan comunes que varios generales se han visto forzados a negar interés en un paso tal, aunque eso no les ha impedido expresarse públicamente sobre política de una forma que genera interrogantes.

Esas discusiones habrían sido impensables hace unos pocos años en un país que emergió en 1985 de 21 años de dictadura militar, y la mayoría de los partidarios de la idea evitan usar términos como “golpe” o “dictadura”. Pero el mayor escándalo de corrupción en la historia del continente y la crisis económica han resaltado una narrativa emergente de que solamente las fuerzas armadas pueden salvar a Brasil.

“Cierren el Congreso, arresten a todos los involucrados (en actos de corrupción) y cierren el Tribunal Superior”, dijo Toni Imbrosio Oliveira, un maestro de educación física de 61 años en Río de Janeiro. “¿Por qué? Porque existe colusión entre las tres ramas del poder”.

Como otros, Oliveira dice que las fuerzas armadas deberían estar en el poder solamente por tiempo suficiente para redactar una nueva Constitución, enjuiciar a los políticos corruptos y realizar elecciones generales.

Hasta recientemente, los llamados a un regreso del gobierno militar provenían solamente de pequeños grupos marginales. Hoy, esa opinión se ha vuelto más generalizada. Sondeos, grupos sociales y la huelga de camioneros del mes pasado, en la que abundaron los carteles de “¡Intervención Militar Ahora!”, muestran el creciente respaldo.

“Yo apoyo una intervención militar para crear una democracia digna en Brasil”, dijo Donizeti Dias Pereira, director de Tranziran, una compañía de camiones en Río de Janeiro. “Eso no es lo que tenemos hoy”.

Los brasileños tienen razones para estar molestos. Desde el 2014, la investigación conocida como “Autolavado” ha revelado una enorme red de corrupción que causó asombro incluso en un país acostumbrado a la malversación en la política.

Varias compañías constructoras esencialmente formaron un cártel que decidía cuáles firmas recibirían contratos inflados de la empresa petrolera estatal Petrobras, destinando miles de millones de dólares a sobornos a funcionarios de la compañía, políticos y otros funcionarios del gobierno. La investigación y pesquisas vinculadas han llevado al encarcelamiento de varios miembros de la élite brasileña, desde el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva hasta el ex director general de la costructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht.

Pero muchos políticos acusados de delitos, incluyendo el presidente Michel Temer, siguen en sus cargos. Organismos de control estiman que 60% de los miembros del Congreso han sido acusados o son investigados por corrupción, y muchos se presentarán a los comicios generales de octubre.

Reginaldo Prandi, profesor de sociología de la Universidad de Sao Paulo y cofundador del respetado instituto de sondeos Datafolha, dijo que la debilidad económica tras la recesión está aumentando la angustia.

“La crisis crea insatisfacción, penurias para muchas familias y entonces existe esa fantasía de que una dictadura militar podría devolver la economía a una buena ruta”, dice Prandi.

Comparada con otras dictaduras militares en Sudamérica, como las de Argentina y Chile, la versión brasileña fue menos represiva. Aun así, al menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecieron durante la dictadura, de acuerdo con un informe de la comisión de la verdad en el 2014. Miles más fueron torturados y la prensa estaba severamente censurada.

“Las personas que quieren una intervención militar no tienen idea de lo que es un gobierno militar”, dijo Ana Miranda, que dice que fue torturada a finales de los años de 1960 y encarcelada por cuatro años por participar en protestas contra el gobierno.

Miranda, una farmaceuta retirada que vive en Río de Janeiro, dijo que le dieron tantas patadas que sufrió infecciones renales. Repetidos choques eléctricos a la vagina _una tortura común_ llevaron a graves infecciones urinarias tan intensas que los médicos le dijeron que no tendría hijos.

“Es como si te quitaran el cuerpo de la mente”, dijo, con los ojos llenos de lágrimas.

Pero a pesar de ese pasado, las fuerzas armadas son por amplio margen la institución de más confianza en Brasil en la actualidad, y varios sondeos muestran una declinación en el apoyo a la democracia y un aumento en el respaldo a la idea de que el ejército tome las riendas.

En abril, cuando el Tribunal Superior de Justicia decidía si permitía que Lula _presidente entre el 2003 y el 2010_ siguiera en libertad mientras apelaba su sentencia por corrupción, el general de ejército Eduardo Villas Boas dijo en Twitter: “Le aseguro a la nación que el ejército brasileño, como todos los buenos ciudadanos, comparte el deseo de que se repudie la impunidad”.

Muchos interpretaron el mensaje como una advertencia a la corte para que fallara contra Lula, algo que negaron los líderes militares.

Pero un sondeo de Datafolha poco después indicó que 61% de los brasileños respaldan que las fuerzas armadas se expresen sobre la situación política comparado con 33% en contra. Seis por ciento no respondieron.

Hoy existe mucha confusión sobre la economía bajo el gobierno militar.

“Pregúntele a cualquiera que vivió durante el gobierno militar”, dijo Antonio Kleiber do Nacimento, especialista de mercadotecnia de 26 años en Sao Paulo, que respalda una intervención. “Había buenos trabajos, hospitales funcionando”.

Cuando los generales brasileños tomaron el poder en 1964, la inflación era de 90% y el crecimiento del PIB era de apenas 3%, de acuerdo con cifras del banco central. Para finales de la década de 1960, la inflación fue reducida a menos de 30% y masivos trabajos de obras públicas ayudaron a alimentar varios años de crecimiento de alrededor de 10%.

Sin embargo, a inicios de la década de 1980, Brasil sufrió varios años de recesión, y cuando concluyó la dictadura militar en 1985, la inflación era de 235%.

Los generales brasileños de hoy, que eran jóvenes soldados durante la dictadura, han dicho reiteradamente que no tienen intenciones de intervenir.

Desde febrero, las fuerzas armadas han estado a cargo de la seguridad en el estado de Río de Janeiro. Temer ordenó la intervención allí para responder a un alarmante crecimiento del crimen.

“Cuando la gente está temerosa y asustada, busca soluciones fáciles y rápidas”, dijo Robert Muggah, director de investigaciones de Igarape, un centro de estudios basado en Río de Janeiro. “En estos momentos, el sistema político está en crisis y el sistema económico se desmorona”.

Grupos de derechos civiles argumentan que la intervención en Río de Janeiro, que ha desplegado a miles de soldados en las calles, no hace nada para responder a las raíces de la violencia, como desempleo, falta de servicios públicos y desigualdad de ingresos.

El general a cargo de esa operación, Walter Souza Braga Netto, ha mostrado además una conducta autoritaria, prohibiendo que la prensa le filme o le fotografíe en actos públicos.

Los partidarios de una intervención podrían terminar con un gobierno de tipo militar, aunque no una dictadura. El congresista Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército que ha expresado nostalgia por la dictadura, va segundo en las encuestas, detrás de Lula, que está preso y muy probablemente no podrá participar en las elecciones.

Bolsonaro ha prometido eliminar la corrupción, combatir el delito, incluyendo dar a la policía amplias facultades para usar sus armas, y llenar su gabinete de líderes militares.

“El hecho de que un candidato como Jair Bolsonaro, que defiende abiertamente la dictadura, tenga un respaldo de 20% en los sondeos muestra que los defensores de la democracia han fracasado”, dijo Claudio Fonteles, ex miembro de la comisión de la verdad.