La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumplió este martes un mes encarcelada por el caso llamado “golpe de Estado” con manifestaciones que la apoyaron y a puertas de otros nuevos procesos por acciones durante su Administración.
El pedido de justicia de una multitud de seguidores se sintió nuevamente en La Paz con la manifestación de grupos opositores al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que reclamaron la liberación de Áñez, dos de sus exministros y exjefes militares detenidos acusados por terrorismo, conspiración y sedición.
Una marcha atravesó varias calles de La Paz hasta llegar al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde se entonaron consignas contrarias al Gobierno, la persecución política y lo que consideraron una utilización instrumental de las normas del país.
El aspecto de fondo fue una carta manuscrita que Áñez dirigió “al pueblo boliviano” y que fue leída ante los asistentes y los medios al principio y al final de la movilización por la hija de la exmandataria, Carolina Ribera.
“En este mes he aprendido algo, voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y voy a resistir porque no estoy sola. Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad, la democracia y Bolivia”, señaló la exgobernante en su texto.
Áñez también enfatizó que ha estado encarcelada un mes por algo “que nunca ocurrió” y que en su caso el Gobierno del presidente del país, Luis Arce, ha demostrado una buena gestión “en la persecución y muy mala en la vacunación” contra la pandemia.
En esta jornada trascendió una notificación de la Fiscalía a los abogados de Áñez para una declaración que esta debe brindar próximamente “en calidad de investigada” por los procesos que inició el Ministerio de Justicia y que están relacionados con acciones efectuadas durante el periodo del Gobierno de transición.
En marzo pasado, la Fiscalía admitió denuncias contra Áñez por delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación, entre otros, en los que también se señala a colaboradores de su Gobierno.
Los casos tienen que ver con la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización del Parlamento que generó intereses para el Estado, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión durante la cuarentena rígida en 2020 y una concesión por quince años del Registro Público y Comercio.
Además de la orden para que las fuerzas de seguridad impidieran el retorno de bolivianos procedentes de Chile durante un periodo de la pandemia.
Jeanine Áñez fue aprehendida el pasado 13 de marzo en su región natal, la amazónica Beni, y luego fue llevada a La Paz en un avión militar y bajo un fuerte resguardo policial junto a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también detenidos en cárceles de La Paz.
Los exfuncionarios son señalados de participar durante la crisis de 2019 tras los comicios fallidos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que el actual Ejecutivo considera que fue un “golpe de Estado” y para la oposición que fue consecuencia de un fraude electoral luego de que se declarara al exgobernante ganador para un cuarto mandato.
El proceso judicial por sedición, conspiración y terrorismo fue presentado en noviembre del año pasado por la exdiputada del MAS Lidia Patty en la que también están denunciados líderes como el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exaltos jefes militares y policiales junto a exministros de Áñez.
En varios de los casos los señalados no han sido hallados, otros se han declarado en la clandestinidad, han salido del país o han decidido pedir asilo político al considerar que las acusaciones en su contra son producto de una persecución política.
Con información de EFE