Redacción / Grupo Cantón
Estados Unidos.- La reciente acusación formal contra Naasón Joaquín García y otros cinco altos líderes de la Iglesia La Luz del Mundo ha desatado una ola de indignación global. Los cargos, presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyen crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil, delitos financieros y obstrucción de la justicia.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados —entre ellos Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña— serían parte de una presunta organización criminal identificada como la “Empresa Joaquín LLDM”, que habría operado por décadas aprovechando la estructura y el poder de la Iglesia para cometer delitos.
Según los documentos judiciales, esta red delictiva utilizaba su influencia religiosa para abusar sistemáticamente de menores y mujeres dentro de la congregación, así como para encubrir sus actos y evitar procesos judiciales. Las investigaciones también señalan que los líderes habrían recurrido a tácticas de intimidación y manipulación para silenciar a las víctimas.
Las penas a las que podrían enfrentarse son severas; en algunos casos, se contempla cadena perpetua. La acusación es el resultado de una investigación conjunta entre varias agencias federales estadounidenses que expone el alcance transnacional de las operaciones del grupo.
Este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate el uso de organizaciones religiosas para encubrir delitos graves, así como la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables dentro de estas instituciones.