CHILE.- Desde hace cuatro días, Chile sufre una serie protestas violentas y actos vandálicos que siguieron a manifestaciones estudiantiles contra un alza tarifaria en el subterráneo a comienzos de mes, lo que obligó al presidente Sebastián Piñera a anular la medida. Sin embargo, aunque el mandatario dio marcha atrás y se implantó un estado de emergencia —-lo que restringe las libertades de reunión y movilización e implicó la salida de unos 10.000 militares a las calles de Santiago– no se ha frenado el estallido social que ya cobró la vida de 11 personas.
Aquí un vistazo a lo que ocurre en el país sudamericano.
El alza de tarifas en el subterráneo es lo más visible en la prensa internacional actual, pero ese incremento se sumó a otros en el agua, la luz y los remedios. Esto impacta directamente el bolsillo de los chilenos, pues implica que deben pagar más por servicios que usan con regularidad a pesar de que sus sueldos no suben y mayoritariamente bordean entre los 400.000 y 500.000 pesos mensuales (562 y 703 dólares).
Lo difícil situación económica también afecta a los adultos mayores, que pertenecen al sector más pobre de los chilenos, y por no cotizar para su vejez reciben una pensión solidaria de unos 110.000 pesos (159 dólares). Un 11% de los chilenos son adultos mayores y según el organismo estatal de estadísticas, en 2050 uno de cada cuatro chilenos pertenecerá a ese grupo.
Una canasta básica de alimentos para una familia –que considera 2.000 calorías, según las sugerencias de Naciones Unidas– tiene un costo de 241 dólares mensuales, según datos del Ministerio de Desarrollo, en un país que tiene un salario mínimo de 423 dólares.
La desigualdad económica en el país sudamericano se arrastra por décadas, alcanza a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y atraviesa todos los gobiernos democráticos que siguieron, incluidos dos de Michelle Bachelet, y el actual segundo mandato de Piñera.
A pesar de esto, también hay estabilidad económica: la inflación en septiembre fue 0%, y la acumulada en lo que va del año es de 2%.
“Esta situación ha estado en ebullición por un largo tiempo”, dijo a The Associated Press Christopher Sabatini, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia. “La gente se siente desconectada del sistema. El mayor problema que enfrenta un sistema político que genera estabilidad, crecimiento económico y políticas consistentes es su capacidad de renovarse, de traer un liderazgo nuevo al poder. Eso puede verse en las presidencias repetitivas que ha habido”.
Para Sabatini, el incremento de las tarifas del metro fue el disparador de las protestas, pero los chilenos rechazan algo más profundo: la carencia de un cambio. “La gente está decepcionada y siente que el sistema político la priva de sus derechos”.
“En general hay un sentimiento similar de la gente en países como Ecuador, Líbano y, ese sentido, de sentirse privados de derechos, entonces se convierte en algo simbólico y estalla… Algo similar ocurrió en Francia con los chalecos amarillos: un sentido profundo de malestar y desconexión entre la vida de la gente y la política”, agregó.
El gobernante reaccionó a los desmanes desatados el viernes, que terminaron con más del 80% del subterráneo con severos daños y más de un centenar de saqueos a supermercados y farmacias, implantando el estado de emergencia en el gran Santiago, que luego se extendió a una docena de ciudades del interior. Los jefes militares implantaron con frecuencia el toque de queda, pero ni esto ni el estado de emergencia se habían visto en democracia.
La falta del subterráneo, que tiene sólo una de seis líneas funcionando –y parcialmente– transporta a 2,4 millones de personas diarias, por lo que la situación derivó en la suspensión casi generalizada de clases, incluidos los universitarios, en la capital donde viven siete de los 18 millones de chilenos.
Los problemas del transporte público llevaron al cierre de todos los supermercados el domingo y a la mayoría de ellos el lunes. Ante los pocos que abrieron a comienzos de semana se formaron enormes filas.
“El riesgo aquí es que esto se convierta en una crisis perpetua de protestas que siga y siga y cada vez se vuelva más difícil de encarar”, piensa Sabatini. “Las soluciones serían a largo plazo para que se vuelvan significativas para las personas… Las respuestas son a largo plazo, no las conocemos ahora como si fuera una receta, es mucho más profundo y político”.
En varios suburbios santiaguinos surgieron grupos de autodefensa con vecinos que se distinguen entre ellos con el uso de chaquetas amarillas, muy extendidas en Chile porque son exigidas a todos los conductores por la Ley del Tránsito.
Miembros de estos grupos reaccionan nerviosos ante transeúntes o conductores que se acercan a sus viviendas, por lo que levantan amenazantes palos, fierros y hasta palas.
Los grupos son valorados por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Esta es la primera vez que Chile vive en estado de emergencia y toque de queda desde que se recuperó la democracia en 1990.
Ni siquiera las multitudinarias protestas contra la dictadura militar que partieron en 1983, ferozmente reprimidas por los militares, se vieron los actos de vandalismo surgidos en Chile en los últimos días.
Cortesía: Excelsior