Ciudad de México
Baiyu Liu llegó a México procedente de China huyendo del racismo al que era sometida por ser pareja de un estadounidense y tener una hija con él. Quería ser maestra de idiomas y comenzar de nuevo aquí. Sin embargo, la joven denuncia graves violaciones a sus derechos humanos desde que Migración la mantiene privada de su libertad en el aeropuerto internacional de la CDMX (AICM).
Durmiendo en el piso, con una comida al día, violentada psicológicamente, sin comunicación, sin traductor, sin sus documentos y con la amenaza de ser deportada a su país de origen, donde podría terminar en la cárcel por ser rechazada en México, es como la joven Baiyu Liu vive desde el 10 de diciembre en la delegación migratoria del AICM.
William Randal Favre denunció a EL DEBATE que Baiyu Liu, su esposa, de nacionalidad china, ha sido privada de su libertad por parte del Instituto Nacional de Migración en la terminal 2 del AICM desde su arribo a ese lugar, además de hacer graves acusaciones con respecto al trato que su joven compañera ha recibido por parte del personal de Migración, pues asegura que Baiyu ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, cuando cuenta con toda la documentación debida para permanecer y trabajar en México.
«Continúan intentando forzarla a renunciar a la protección y dejar que la deporten. A menudo no la dejan llamar ni dejan que nadie llame para hablar con ella. Ella ha comenzado su ciclo mensual, y se niegan a permitirle el acceso a los productos de higiene femenina necesarios», expuso en entrevista con EL DEBATE.
Además, Randal mencionó que se ofreció a comprarle comida, así como las cosas que ella necesita, pero el personal de esta delegación migratoria se lo ha negado. Este esposo desesperado denunció que, tras los días que su esposa lleva privada de su libertad, ella ha perdido peso, y teme que pronto le hagan otras cosas: «Hace unos días, un guardia mató a alguien en el área de detención, y ella teme por su vida. Dice que lo único que la mantiene en marcha es saber que estoy aquí luchando para salvarle la vida y liberarla para que pueda estar con su familia nuevamente», aseguró, basado en lo que su esposa le señala de los agentes migratorios.
Este estadounidense tuvo que viajar de Culiacán, Sinaloa, donde viviría junto a su esposa, para arreglar esta situación en la Ciudad de México, ya que uno de los peores panoramas es que Baiyu sea deportada a China: «Si la envían de regreso a China, la meterán en la cárcel por dos años o más y será violada y golpeada diariamente por tantos hombres como quieran. Básicamente, enviarla de regreso a China es una sentencia de muerte, y ella lo sabe», afirmó Randal.
Destacó que su esposa cuenta con una visa legal, por ende, aún no se explica por qué la delegación migratoria determinó que la ciudadana china Baiyu Liu no acredita condiciones de estancia ni modalidad. Así se lee en el oficio número INM/ORCDMX/SRFAIOM 1335, firmado por Elvira Barrionuevo Velázquez, encargada del turno del INM en AICM T2, del cual este medio tiene copia.
«Sin exagerar, este es un caso de vida o muerte. Ella está pidiendo ayuda de cualquiera con quien pueda hablar. Todos dicen que tienen miedo de ayudarla. La Embajada china se niega a responder nuestras llamadas y se cree que está involucrada en el tráfico humano de ciudadanos chinos con la autoridad del aeropuerto», aseguró William Randal.
En ese sentido, Randal explicó que acudió en compañía de sus abogados a solicitar apoyo a la Embajada de China en México; sin embargo, las respuestas fueron desalentadoras, ya que argumentaron que es un problema legal de México, por lo que no ayudarán.
Este estadounidense explicó a EL DEBATE que vivió en China durante ocho años antes de venir a México: «Nos fuimos porque el odio hacia nuestra familia mixta era tan fuerte que temíamos por la vida de nuestro hijo».
Él mencionó ser autónomo, dueño de una tienda de informática en los Estados Unidos, y que solo se mudó a México porque su esposa, Baiyu Liu, aceptó un trabajo en este país, pues quiere convertirse en ciudadana de México.
Ahora, la situación se complicó, pues él vive en Culiacán; ella no tiene más familia, y al no contar con el respaldo de nadie más, él debe cubrir varios gastos, entre ellos los honorarios de sus abogados, pues ya hasta hay interpuesto un amparo para que ella no sea deportada: «Entre la liquidación de mis inversiones y la ayuda de mi familia y amigos, somos capaces de administrar el costo. No sabremos el costo final hasta cerca del final, pero sí, es costoso y casi imposible hacer que alguien intente y ayude. Nuestros primeros abogados renunciaron después de presentar la protección por temor a involucrarse más», afirmó. «Sin dinero ni recursos, mi esposa ya estaría muerta», agregó.
Randal hizo hincapié en no entender cómo pueden negarse a dejarla entrar a México cuando ha hecho todo de manera legal. Comparó lo que sucede con otros migrantes: «Puede permitir que miles de personas marchen ilegalmente por su país y ofrecerles un lugar para vivir y trabajar, pero prefieren enviar a mi esposa de regreso a China para que sea violada y golpeada hasta la muerte por la autoridad china. Nadie parece entender que esto es la muerte de mi esposa si es deportada», dijo.
Las detenciones de migrantes aumentaron 38 por ciento en los primeros once meses del año respecto al mismo periodo del 2018. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), entre enero y noviembre del 2019 fueron detenidos 172 mil 748 migrantes; mientras que el año pasado fueron 125 mil 167 en ese lapso.
En tanto, hasta el 8 de diciembre pasado, México ha recibido en su frontera norte a 58 mil 579 migrantes que pidieron asilo en Estados Unidos y que la Administración de Donald Trump envió a territorio nacional a esperar que se resuelvan sus procesos.
Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron a los estados poner los derechos humanos como elementos clave de las políticas públicas sobre migración. «Preocupaciones en relación con la seguridad están siendo utilizadas de forma incorrecta para criminalizar a los migrantes y a las personas que tratan de apoyarlos», advirtieron Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos de los migrantes, y Can Ünver, quien preside el Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios.
Vía EL DEBATE