REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
La reforma a la Ley de Amparo 2025 enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso el pasado 15 de septiembre ha encendido el debate jurídico y político en México al plantear cambios profundos en los mecanismos de defensa constitucional. La iniciativa, que forma parte del paquete de transformación del Poder Judicial, será uno de los temas centrales en el próximo periodo legislativo.
Entre los ajustes más controvertidos se encuentra la redefinición del interés legítimo, lo cual limitaría la posibilidad de que colectivos y organizaciones presenten amparos, especialmente en temas ambientales o de derechos colectivos. De acuerdo con el proyecto, solo podrán promover amparos quienes acrediten un daño jurídico real, actual y diferenciado, en contraste con el marco ampliado que surgió tras la reforma constitucional de 2011.
El especialista Enrique Arcipreste advirtió que si bien la propuesta busca agilizar procedimientos y modernizar procesos judiciales, como la digitalización de expedientes o la presentación electrónica de demandas, en realidad debilita los elementos esenciales del juicio de amparo al imponer restricciones que podrían favorecer a las autoridades por encima del ciudadano.
Entre los cambios más relevantes también destacan límites a las suspensiones provisionales si se alega afectación al interés público, la imposibilidad de frenar congelamientos de cuentas ordenados por la UIF, y la eliminación de la suspensión de la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se plantea que las sanciones por incumplimiento de sentencias ya no recaigan directamente sobre servidores públicos, sino sobre las instituciones.
La reforma también consolida medidas previas aprobadas en 2025, como la eliminación del efecto general de las sentencias de amparo y la prohibición de impugnar reformas constitucionales mediante este mecanismo. El proyecto será discutido primero en el Senado, en la Comisión de Justicia presidida por Javier Corral, y después en la Cámara de Diputados. La votación se prevé para el próximo periodo de sesiones que comienza el 1 de febrero de 2026.
El Ejecutivo ya ha anunciado que la consejera jurídica Ernestina Godoy y el exministro Arturo Zaldívar encabezarán la defensa pública de la reforma. Mientras tanto, organizaciones civiles y expertos jurídicos alertan que esta propuesta podría significar un retroceso en el acceso efectivo a la justicia en México.