Verónica Ayala
Agencia Reforma
El PRI inició el proceso contra tres Gobernadores y un ex Mandatario estatal que podría concluir en su expulsión del tricolor.
Tras haber dado entrada a la solicitud de expulsión por presuntos actos de corrupción, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priista requirió a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos en su contra.
Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión, señaló que, además de notificarles sobre el proceso, deberán darles derecho de audiencia a Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua.
Aunado a ello, la comisión admitió una solicitud contra el ex Mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue vinculado a proceso por uso indebido de funciones, por lo que también solicitó pruebas de las imputaciones en su contra.
Los procedimientos son a raíz de denuncias presentadas por el consejero político nacional Armando Barajas, en las que pidió la suspensión de sus derechos como militantes y, en su caso, la expulsión de los cuatro priistas.
Elías Calles señaló que la intención de solicitar información a las comisiones de Justicia Partidaria de los estados es hacerse de elementos y pruebas sobre los casos, ya que las denuncias fueron sustentadas en notas periodísticas.
“Se les pide recabar pruebas porque (el proceso) exige que presenten las pruebas. Las pruebas (de la denuncia) son las que le acompañan a la prensa, y le requerimos a cada Estado que nos informe”, indicó.
Sin precisar un plazo, señaló que, una vez que reciban la información, los Mandatarios y Medina serán citados a una audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, tras lo cual los siete miembros de la Comisión tomarán una decisión.
“Les tenemos que notificar que han sido denunciados y, como tenemos la obligación de darles el derecho de audiencia, estamos en proceso para entonces fijarles en su caso para que ellos puedan alegar lo que a su derecho convenga”, explicó.
En el caso de los Gobernadores, la solicitud se basa en anomalías en sus gestiones, las cuales están por concluir, y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación.
Los estatutos del PRI y su Código de Justicia Partidaria establecen, entre las causales de expulsión, cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas.
Para el caso de Medina, por estar sujeto a proceso, el Código señala que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante en tanto se dicte una resolución definitiva.
…Y Coparmex tomaría acciones legales
El sector privado analiza emprender acciones legales en contra de hechos de corrupción que aquejan a cinco estados del País, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Incluso, advirtió el líder empresarial, recurrirían a organizaciones internacionales si las autoridades no toman medidas en el asunto.
Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sonora son entidades que preocupan debido a actos de corrupción, señaló De Hoyos en el marco del primer Foro Empresarial Anticorrupción.
Dijo que estarán atentos al seguimiento que se dé a estos casos y, si perciben omisión por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, tomarán medidas.
“Sí valoraríamos emprender alguna acción legal”, aseveró.
Recordó que en otras ocasiones han analizado acudir a instancias internacionales, como con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.
COMISION NACIONAL DE JUSTICIA DEL PRI
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ACUSACIÓN