ALEJANDRA GALICIA
GRUPO CANTÓN
Cancún. La mayoría que obtuvo la coalición “Juntos haremos historia” de Morena, PVEM, PT y Fuerza por México para integrar la próxima XVII Legislatura en este proceso electoral que dejó como resultado 14 curules y una más del PVEM demandará que realicen un trabajo eficiente de tiempo ya que solo estarán en el cargo dos años y deberán atender el rezago legislativo que se mantiene en la actual legislatura.
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) votaron por nuevos diputados 491 mil 330 ciudadanos, equivalente al 40.4% de la participación ciudadana en la entidad.
Los resultados del PREP confirman el triunfo de la coalición en los Distritos 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 y 15, mientras que el Distrito 02 ganó la candidata Susana Hurtado Vallejo del PVEM que participó como único partido en este distrito electoral.cEl presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, sobre la integración de la nueva legislatura comentó que existen pendientes importantes entre ellas, 400 iniciativas en comisiones, entre homologaciones federales a las leyes y proyectos legislativos que no se atendieron por el actual congreso.
Solicitó a los nuevos diputados que integrarán la XVII Legislatura que no realicen foros para armar agenda, ya que este proceso provoca pérdida de tiempo y productividad, ya que se invierte hasta un semestre logrando un consenso con todas las partes involucradas, ejercicio que se ha realizado en anteriores legislaturas.
“Que se elimine la práctica que todas las legislaturas han hecho de hacer foros para armar una agenda legislativa, trabajo que les lleva alrededor de seis meses y que finalmente no sirve para nada, únicamente para gastar y hacer eventos de relaciones públicas en algunos municipios , entonces en principio no se tiene que hacer”, dijo Galaviz Ibarra.
Para el representante del Observatorio Legislativo el presupuesto que se operó en la XVI Legislatura continua alto con más de 450 millones de pesos por lo que es necesario que las y los legisladores locales realicen un trabajo de optimización presupuestal y eliminar rubos como son las “ayudas sociales”, mismos recursos que ya han sido denunciados por organizaciones civiles por ser utilizado como una caja chica de las legislaturas para la entrega de apoyos a la población, ya que no forman parte de las obligaciones legislativas al ser una atribución que ya realiza el Poder Ejecutivo a través de programas de atención a grupos vulnerables.
Entre los pendiente a mejorar, es incrementar la transparencia y compromiso real por integrar un parlamento abierto ya que ambos sectores quedaron abandonados por la XVI Legislatura de Quintana Roo.
“Con un congreso totalmente alineado al Poder Ejecutivo va a dejar una situación de aparente fluidez en las iniciativas que pueda presentar el Poder Ejecutivo, esperamos sean de una trascendencia que no requiera de una mayor discusión, sin embargo, debemos recordar que la idea de que existan poderes independientes es para precisamente para tener un equilibrio entre los poderes, independientemente de su formación ideológica, partidista, si no buscar el equilibrio de la construcción de leyes que den al Estado un rumbo de acuerdo a las necesidades que básicamente en este momento son seguridad, salud y combate a la pobreza” sostuvo el presidente del Observatorio Legislativo.
Reconoció que es de utilidad que los nuevos integrantes de la XVII Legislatura pertenezcan a la misma fracción política, ya que permitiría la afluencia de la aprobación de iniciativas, sin embargo, también se corre el riesgo de que las y los diputados incurran en excesos ante el poder absoluto o por mayoría, sin hacer críticas constructivas en los presupuestos o realizar aprobaciones de nombramientos tal y como las solicita el Poder Ejecutivo como sucedió en la XVI Legislatura.
Exhortó a los diputados que van a integrar el nuevo Congreso de Quintana Roo a que no utilicen la figura de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) como un “botín anual” para repartirse el poder en cada una de las fracciones parlamentarias, por el contrario aplicarlo para ser un contra peso del Poder Ejecutivo que ayude a generar proyectos legislativos a favor del Estado.