“Los 28 puntos que México obtuvo en la escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia Internacional lo colocan en el último lugar entre los miembros de la OCDE, quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica”, informó Transparencia Mexicana al difundir el documento.

De acuerdo al IPC 2018, México no solo sale mal calificado en la OCDE, sino en la región. Por ejemplo, está 11 lugares por debajo de Chile y 53 de Argentina, mientras que sólo está por arriba de Nicaragua y Guatemala, países que pasan por una severa crisis de gobernabilidad democrática. Transparencia Mexicana añadió que esta situación generó una exigencia social que terminó en las elecciones del año pasado, por lo que el nuevo Gobierno federal asumió el reto de mejorar la ubicación de México en los índices que miden este problema.

“Si se busca alcanzar esta meta, la política anticorrupción en México tiene que cambiar. El reto es mayúsculo, pues queda claro que el grueso de las medidas preventivas de la última década han funcionado de manera parcial y que en materia de detección, investigación, sanción, reparación de daños y recuperación de activos los resultados son prácticamente nulos”.

En su análisis, Transparencia Mexicana señaló que la mayor parte de las medidas anticorrupción tomadas hasta el momento por México han sido ineficientes, ya que pocas conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.

“En prácticamente ningún caso, México ha logrado desmantelar las redes de corrupción detectadas, ni las redes que les han brindado protección política.

“Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, dijo en comunicado Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.

Por ejemplo, de acuerdo con datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre 2013 y 2016, sólo 2.9 por ciento de las acciones penales terminaron en condena, mientras que os resultados de la Convención para prevenir el Cohecho de la OCDE no tiene ninguna investigación sancionada.

También se criticó que el marco legal anticorrupción aprobado por México en 2015 sigue sin ser implementado a cabalidad, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado y no es funcional como sistema debido, entre otras cosas, de jueces anticorrupción en materia anticorrupción.