Ciudad de México.– El recurso natural más valioso de los mexicanos, el agua, ha sido entregado por el Gobierno de México a los privados, y empresas como Coca-Cola han logrado ejercer una gran influencia sobre la cultura, la economía y la vida de ciudadanos en todo el país y en especial en regiones como Chiapas, dice una investigación realizada por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), con sede en Washington.

El estudio es firmado por Lydia Blum y participan otros investigadores como Rachel Rosenberg, Zoë Abrahm, Kirwin Schaffer y Larry Birns.

De acuerdo con el COHA –organización fundada en 1975 para la investigación y la generación de información independiente–, la empresa Coca-Cola ha inyectado fondos a organizaciones como la World Wildlife Foundation (WWF) en México para que apoyen los decretos firmados por el Presidente Enrique Peña Nieto que facilitan la entrega del agua a grandes corporativos.

El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que eliminará esos decretos tan pronto asuma el cargo, este 1 de diciembre.

“Superficialmente, la eliminación de las barreras para el acceso [al agua] parece ser útil, pero dado que los decretos no brindan soluciones claras y viables, probablemente no mejoren los problemas endémicos de agua en todo México, especialmente en lugares como San Cristóbal de las Casas [Chiapas]. Depende del Gobierno mexicano ir más allá de simples palabras en papel y emprender proyectos concretos de infraestructura física para mejorar la disponibilidad de agua para su gente. Hasta entonces, sus decretos serán solo intentos vacíos para enmascarar su prioridad de ganancias económicas sobre los derechos humanos básicos”.

La Wwf y Coca-Cola

El Consejo de Asuntos Hemisféricos dice que en otro desarrollo preocupante, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos del gobierno el 5 de junio que buscan eliminar las prohibiciones en 500 cuencas hidrológicas, aproximadamente el 55 por ciento de los lagos y ríos de México. “Esto significa que no habrá obstáculos para la extracción, lo que parece hacer que el agua potable sea más accesible para los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, algunos desconfían de las intenciones del gobierno con estos decretos y los ven como un potencial para abrir un camino para la privatización del agua”.

“Prominentes partidarios de los decretos incluyen al presidente y el CEO de World Wildlife Foundation (WWF) en México, Jorge Rickards y Carter Roberts, respectivamente. Si bien en la superficie el apoyo de tales individuos parece prometedor para la conservación y la mejora de la provisión de agua pública, después de una inspección más cercana, la motivación del grupo puede no ser tan pura. WWF ha sido un socio cercano de Coca-Cola desde 2007 y Coca-Cola ha contribuido con fondos significativos para los proyectos de WWF”, dice COHA. “La participación de Coca-Cola en la organización arroja sospechas sobre los motivos del WWF, considerando que la eliminación de las barreras de extracción podría beneficiar potencialmente las operaciones de Coca Cola en México”.

“Los escépticos de la benevolencia de los decretos también especulan que el aflojamiento del acceso al agua se utilizará para el beneficio monetario tanto de las empresas privadas como del gobierno. Según Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los decretos han convertido las cuencas prohibidas al uso público para que cualquier persona, incluso empresas privadas, pueda acceder a ella siempre y cuando se considera de ‘utilidad pública’ por parte de las autoridades gubernamentales. Esto proporciona un camino abiertamente abierto para el otorgamiento de concesiones por parte de la Conagua a innumerables empresas privadas para el acceso a la cuenca, robando aún más al pueblo mexicano de un recurso tan esencial”, agrega el Consejo de Asuntos Hemisféricos.

La investigación liderada por Lydia Blum indica que a la luz de los decretos de Peña Nieto y la fuerte presencia de potencias corporativas como Coca-Cola, “el futuro de los derechos de agua en México es turbio en el mejor de los casos”.

El imperio del mal

 “El 28 de julio de 2010, las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Resolución 64/292 que declara el agua y el saneamiento como un derecho humano básico. Desafortunadamente, este derecho ha sido en gran parte negado a personas en todo México mientras las grandes empresas y el Gobierno mexicano se va a la cama juntos a expensas de los ciudadanos del país”, dice el estudio.

COHA recuerda que la planta embotelladora de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue criticada luego de que The New York Times publicara un artículo que muestra el papel de la compañía en la región. Debido a que el suministro local de agua es esencialmente inexistente, las personas de San Cristóbal de las Casas se han vuelto dependientes únicamente de los productos de Coca-Cola para la hidratación, de acuerdo con el diario estadounidense. El consumo de soda azucarada de Coca Cola sustituye el agua y ha provocado graves complicaciones para la salud, como la diabetes, entre la población en general.

“Este tema preocupante es indicativo de una tendencia más amplia de la culpabilidad del gobierno en la explotación corporativa de los recursos naturales y la inacción frente a las necesidades de los ciudadanos”, dice.

La gente de San Cristóbal de las Casas depende de Coca-Cola económica y culturalmente para la hidratación; esta dependencia multifacética plantea un desafío a la resolución del problema de la hidratación, dice COHA.

“El agua corriente y potable es escasa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la medida en que la gente del pueblo se ve obligada a comprar agua en camiones de agua privados o simplemente beber la enormemente accesible Coca. Si bien la planta embotelladora de Coca-Cola tiene permisos para extraer más de 300,000 galones de agua por día de fuentes de agua locales, la población de San Cristóbal solo tiene acceso limitado a las aguas superficiales, un recurso en disminución debido al cambio climático. Como consecuencia, los ciudadanos de la zona beben, en promedio, más de dos litros de refresco al día”, señala la investigación.

Desafortunadamente, “la gente de San Cristóbal tiene pocos recursos para terminar con esta escasez de recursos vitales. La población no solo depende de Coca-Cola para la hidratación, sino que también depende económicamente de la planta embotelladora local. La planta emplea a unas 400 personas y aporta casi 200 millones de dólares a la economía estatal. Sin esta fuente de estímulo económico, la pobreza en el área empeoraría”, agrega.

La compañía “ha cultivado un sistema histórico de dependencia que impregna todos los aspectos de la vida de los lugareños, incluida la religión. En la década de 1960, las campañas de mercadotecnia se dirigieron a las comunidades indígenas, como los tzotziles, y utilizaron el refresco en sus ceremonias religiosas en la zona, muchas de las cuales aún se usan en las ceremonias religiosas católicas y mayas. Estas campañas publicitarias depredadoras arraigaron el refresco en las comunidades locales y han tenido consecuencias duraderas para la salud y el bienestar de la gente de San Cristóbal”.

Este problema con Coca-Cola no es un fenómeno nuevo. En 2017, los lugareños de Chiapas se encontraron en una situación similar, dice el estudio. “La comunidad indígena de San Felipe Ecatepec tuvo que caminar dos horas para obtener agua potable limpia, mientras que la planta embotelladora propiedad de FEMSA en las cercanías usó un promedio de 1.08 millones de galones de agua por día. En respuesta a esta situación preocupante, la ONU publicó un informe que detalla las condiciones inadecuadas de la comunidad e imploró al Gobierno mexicano para mejorar las disposiciones de agua y saneamiento para la gente de San Felipe Ecatepec y todo México”.

“Más que el control corporativo de Coca-Cola sobre estas comunidades de Chiapas es la complicidad del gobierno. En el pasado, el Gobierno mexicano ha invertido pocos recursos en el desarrollo y la sostenibilidad de las provisiones de agua y parece estar más dispuesto a negociar con las empresas que a ayudar a su gente”, dice el Consejo de Asuntos Hemisféricos.

De acuerdo con Conagua, 9 millones de mexicanos no tienen acceso a agua potable, y al menos 10.2 millones adicionales carecen de infraestructura de saneamiento básico en sus hogares.

Fuente/Excelsior