Tabasco.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y al fiscal general de Tabasco, Jaime Humberto Lastra, por violaciones a derechos humanos ocurridas el 24 de julio de 2015.
El organismo determinó que se incurrió en esas faltas por el ingreso ilegal a siete domicilios sin orden judicial, detener de forma ilegal y arbitraria, retener de manera ilegal y actos de tortura y malos tratos, atribuibles a policías federales, en agravio de 23 personas, 10 de ellas menores de edad, en Macuspana, Tabasco.
Concluida su investigación por hechos ocurridos en la administración pasada, acreditó que agentes de la corporación incurrieron en violaciones a los derechos humanos, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y a la seguridad personal de los 23 afectados.
También estableció que actuaron contra la integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y actos de tortura contra nueve de ellos y contra el interés superior de la niñez en agravio de 10 personas menores de edad.
En tanto, personal de la Fiscalía Estatal violó el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración contra uno de los agraviados y sus familiares.
De acuerdo con la CNDH, en diferentes acciones y en la misma fecha –24 de julio de 2015— elementos de la PF ingresaron en forma ilegal y violenta a siete domicilios en la Ranchería Lázaro Cárdenas, el Ejido el Venadito y la Ranchería Bitzal, en Macuspana, Tabasco, y causaron destrozos, derrumbaron puertas y ventanas y catearon de manera ilegal las viviendas.
Además, sin explicación golpearon y detuvieron a personas adultas y personas menores de edad, maltratándolos al aventarlas en la parte trasera de unas camionetas para llevárselas detenidas.
En relación con el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración se advirtió que durante el trámite de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia de una de las víctimas contra elementos de la PF, personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco no efectuó oportunamente las diligencias necesarias o idóneas para la investigación del delito.
La Comisión Nacional reiteró que es respetuosa de las actuaciones realizadas por la autoridad judicial federal y no se pronuncia respecto de la probable responsabilidad penal que se imputó a cinco de las personas adultas, lo cual es objeto de análisis en la causa penal, por lo que solo se refiere a las violaciones a derechos humanos acreditadas en la recomendación.